Pasok calificó el proyecto de ley de ilegal, caótico e inaplicable
PORTAVOZ/AGENCIAS
El Parlamento de Grecia aprobó este miércoles una ley que endurece la política migratoria al introducir penas de prisión de hasta cinco años por «estancia ilegal», eliminar la posibilidad de regularización tras siete años de residencia y facilitar las deportaciones forzosas de solicitantes de asilo rechazados.
El polémico proyecto de ley fue aprobado gracias a la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento la gobernante Nueva Democracia, formación liderada por el primer ministro griego, el conservador Kyriakos Mitsotakis.
A favor también votó el partido nacionalista Niki y diputados independientes de extrema derecha, mientras que todos los partidos de oposición de izquierda votaron en contra de la ley, después de un intenso debate en la Cámara, que comenzó el martes.
LA OPOSICIÓN CRITICA EL PROYECTO
El principal partido de oposición, el socialdemócrata Pasok, calificó el proyecto de ley de «ilegal», «caótico» e «inaplicable», mientras que KKE (el partido comunista de Grecia) lo tachó de «racista» y «vergonzoso».
La ley aprobada introduce la penalización de la «estancia ilegal» en el país con penas de prisión de dos a cinco años y una multa mínima de cinco mil euros. La normativa ha entrado de forma inmediata en vigor tras ser publicado en la gaceta oficial.
«Estamos tipificando el delito de estancia ilegal. Cualquiera que permanezca ilegalmente se enfrentará a detención administrativa, vigilancia electrónica y sanciones penales», señaló durante el debate el ministro de Migración y Asilo de Grecia, Thanos Plevris.
«Si su asilo es rechazado, tiene dos opciones: prisión o regreso a su país de origen», acentuó Plevris.
PERMISO DE RESIDENCIA
La ley elimina también la posibilidad de que personas que hayan entrado irregularmente al país obtengan un permiso de residencia tras siete años de permanencia, una opción que hasta ahora estaba contemplada en la legislación.
No obstante, para aquellos inmigrantes que han presentado la solicitudes de permiso de residencia tras siete años de estancia en el país antes de la aprobación de dicha ley, estas se examinarán en base a la legislación anterior.
La reforma aumenta además el tiempo máximo de detención administrativa de un inmigrante (detención previa al juicio) de 18 a 24 meses.
Además, fija en 14 días el plazo para la «salida voluntaria», según señala el texto oficial, de inmigrantes cuyo asilo haya sido rechazado, con la posibilidad de prórroga hasta 60 días en ciertos casos.
El proyecto de ley ha recibido duras críticas por parte de ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, el Defensor del Pueblo griego, la Unión de Jueces Administrativos y numerosas ONG de derechos humanos.
