La práctica ilegal expone a la ciudadanía a extorsión y pérdida de certeza jurídica en sus propiedades
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
El ejercicio notarial en Chiapas atraviesa un momento de desconfianza. Autoridades estatales confirmaron que existen carpetas de investigación contra personas que han suplantado funciones de fedatarios, incurriendo en delitos que van desde extorsión hasta abuso de autoridad. A la par, notarios formalmente reconocidos también son señalados por irregularidades en trámites de compra-venta y escrituración de inmuebles. La doble problemática destapó un vacío de vigilancia en un gremio clave para la certeza jurídica de los ciudadanos.
El impacto de estas irregularidades no es menor. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 56 por ciento de las personas que adquieren una vivienda lo hacen a través de compra directa y escrituración. Esto significa que la confianza en un notario es determinante para garantizar la legalidad de una operación. En la comarca, donde apenas el 43 por ciento de las propiedades habitacionales cuenta con escrituras registradas en el Registro Público de la Propiedad, cualquier práctica fraudulenta acentúa la vulnerabilidad de los compradores.
Las investigaciones abiertas, revelaron un patrón que no solo afecta a particulares, sino también a la economía local. Según datos del Inegi, más del 32 por ciento de los juicios civiles en el país están vinculados con conflictos de propiedad. Si este tipo de disputas se originan en trámites notariales cuestionables, el costo se multiplica en procesos judiciales prolongados y en la pérdida de confianza hacia las instituciones encargadas de dar legalidad a los actos civiles.
La recomendación de las autoridades es clara, verificar siempre la autenticidad de los trámites. Para ello, se pide a la ciudadanía consultar el Registro Público de la Propiedad y solicitar certificados de libertad de gravamen antes de firmar cualquier documento. El Consejo Nacional de Notariado Mexicano ha señalado que el 18 por ciento de los fraudes inmobiliarios en el país se deben a la falta de verificación de estos certificados, lo que convierte la prevención en la principal herramienta contra el engaño.
El Gobierno estatal aseguró que reforzará la supervisión del ejercicio notarial para cerrar espacios a la corrupción y a la suplantación. Sin embargo, el reto va más allá de sancionar a unos cuantos, se trata de restituir la confianza en una figura que, de acuerdo con la Ley del Notariado, debería ser garante de certeza y legalidad.
