Colectivas denuncian protocolos innecesarios y estigmas que obstaculizan la atención digna
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
A más de ocho meses de la despenalización del aborto en Chiapas, colectivos feministas advirtieron que las mujeres y personas gestantes enfrentan barreras significativas para ejercer su derecho. En la actualidad, solo seis hospitales públicos brindan el servicio en la entidad, y ninguno en la capital, Tuxtla Gutiérrez, lo que obliga a muchas personas a desplazarse largas distancias para acceder a una interrupción legal y segura.
Entre noviembre de 2024 y julio de 2025, las organizaciones registraron 222 casos acompañados por las redes locales, de los cuales el 60 por ciento se concentró en Tuxtla y Tapachula. Además, se recibieron 186 solicitudes de información sobre interrupción del embarazo, lo que reflejó una alta demanda pese a las limitaciones de infraestructura. Según datos de la Secretaría de Salud estatal, más del 40 por ciento de las unidades médicas de primer nivel aún no cuentan con protocolos claros para abortos legales, lo que retrasa la atención.
Las colectivas denunciaron que prácticas médicas obstaculizan el acceso, como la exigencia de estudios innecesarios o la negativa a aplicar métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, el 28 por ciento de los procedimientos de aborto seguro reportaron retrasos por barreras institucionales, según cifras del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, lo que evidenció que la legalización no garantiza un acceso libre de obstáculos.
Para atender estos retos, se creó una mesa interinstitucional que involucró a la Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar, con la participación de diputadas locales. Organizaciones señalaron que sumar actores como la Fiscalía y el DIF sonclave, puesto que en la comarca se estima que solo el 35 por ciento de los hospitales cumplen con capacitación suficiente en salud reproductiva.
Las colectivas también impulsaron campañas de información y reducción de estigmas, con foros programados en universidades locales. A nivel nacional, más de 80 mil interrupciones legales se han realizado desde 2007 en estados donde el aborto es legal, según cifras oficiales, lo que muestra que la implementación efectiva requiere no solo un marco jurídico, sino también capacitación, infraestructura y un cambio cultural que respete los derechos reproductivos.
