Ejidatarios, autoridades y organizaciones avanzan en lo que consolidaría un modelo de gestión forestal responsable
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La declaratoria del Coapilla Bosque del Quetzal como Área Natural Protegida (ANP) abrió un capítulo crucial en la agenda ambiental del estado. El valor de esta región no se limita a su belleza escénica; se trata de un enclave biológico donde la presencia del quetzal simboliza la riqueza natural que aún resiste frente a la presión del cambio de uso de suelo y la explotación desmedida.
En México, apenas 13.5 por ciento del territorio nacional está bajo esquemas de conservación, según datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La incorporación de Coapilla a este catálogo representaría un refuerzo estratégico, pues protegería más de 951 hectáreas de bosque mesófilo, uno de los ecosistemas más amenazados del país, del cual se ha perdido cerca del 70 por ciento en las últimas décadas, de acuerdo con la Universidad Autónoma de México (UNAM).
El compromiso comunitario también es un pilar de esta iniciativa. El ejido Coapilla, con más de seis mil hectáreas bajo manejo forestal responsable, ha demostrado que la conservación puede ir de la mano con el desarrollo social. Sin embargo, los retos persisten, los incendios forestales afectan en promedio 400 mil hectáreas cada año en México, y la tala ilegal representa pérdidas superiores a cinco millones de metros cúbicos de madera anuales, cifras que ponen en riesgo los esfuerzos locales de sostenibilidad.
El respaldo institucional ha permitido dar pasos firmes. La coordinación entre autoridades estatales, organismos civiles y ejidatarios plantea un modelo de gobernanza ambiental donde la participación comunitaria no es un accesorio, sino la base misma de la protección del bosque. El futuro de esta ANP dependerá de cómo se gestionen los recursos, se fortalezcan las brigadas comunitarias y se garantice la vigilancia frente a las amenazas de caza furtiva y plagas.
La designación oficial del Coapilla Bosque del Quetzal no será solo una decisión jurídica, sino un símbolo de cómo la sociedad entiende su relación con la naturaleza. En un contexto donde México figura entre los 10 países con mayor biodiversidad del mundo, con más de 200 mil especies registradas, apostar por nuevas áreas protegidas es también invertir en seguridad hídrica, estabilidad climática y bienestar social a largo plazo.
