La medida evidenció tensiones entre autoridades municipales y trabajadores, lo que afectó la moral institucional
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Empleados del sistema de Desarrollo Integral de la Familia(DIF) en Ocozocoautla enfrentaron presión para participar en los eventos del Grito de Independencia, bajo la amenaza de descuentos en su nómina. La práctica, que incluye pase de lista y sanciones económicas, generó preocupación sobre la libertad de los trabajadores y el uso de recursos públicos en actividades de asistencia obligatoria.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2024), el 68 por ciento de los empleados públicos en México considera que ha recibido algún tipo de presión administrativa para cumplir tareas fuera de sus obligaciones contractuales. Este tipo de situaciones puede afectar la percepción de autonomía laboral y generar un clima de inseguridad entre el personal.
La obligación incluyó permanecer desde las 20:00 horas hasta la conclusión de la ceremonia, con la advertencia de descuentos dobles en la próxima quincena para quienes no asistieran. La Secretaría de la Función Pública indicó que en 2023 se registraron más de cuatro mil quejas por presiones o prácticas laborales indebidas en el ámbito gubernamental, lo que reflejó que este fenómeno no es aislado.
La situación se agravó al considerar que las festividades patrias son eventos cívicos y no actividades laborales obligatorias. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, al menos el 21 por ciento de los trabajadores en América Latina reportó interferencia de empleadores en decisiones personales relacionadas con actividades sociales, lo que puede derivar en estrés y desmotivación laboral.
Especialistas en gestión pública señalaron que imponer la asistencia a actos oficiales podría afectar la moral del personal y la eficiencia institucional, además de cuestionar el uso ético de la administración municipal. Con un 45 por ciento de los trabajadores en la comarca percibiendo que sus derechos laborales no se respetan, estas medidas evidenciaron la necesidad de fortalecer protocolos que garanticen libertad y condiciones justas en el servicio público.
