Retrasos prolongados generan incertidumbre y obligan a familias a recurrir a préstamos para cubrir gastos básicos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Más de 70 personas afectadas por inundaciones, homicidios de familiares y otros eventos extremos en distintos municipios de Chiapas denunciaron que llevan meses sin recibir sus pensiones, estipuladas por decreto. La mayoría son mujeres que dependen de estos recursos para sostener a sus familias y cubrir compromisos económicos esenciales, desde alimentación hasta estudios universitarios de sus hijos.
El retraso, que se prolongó por más de cuatro meses, ha generado confusión entre los beneficiarios. Mientras la Secretaría del Humanismo aseguró que la dependencia responsable del depósito es la Secretaría de Finanzas, las pensionadas permanecen sin respuestas claras ni certeza sobre la llegada de los recursos. Este limbo administrativo agrava la vulnerabilidad de quienes ya enfrentaron pérdidas graves.
Casos emblemáticos incluyen a mujeres afectadas por la tormenta tropical Matthew en Sitalá (2010) y madres de víctimas de homicidios en Yajalón (2018) y Chilón (2011). La acumulación de retrasos evidenció que los mecanismos de pago no solo son ineficientes, sino que carecen de protocolos de urgencia para situaciones de riesgo, lo que afecta a quienes más dependen del ingreso.
Según datos oficiales, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, reportó que 56 por ciento de las mujeres afectadas por desastres naturales en la comarca son cabeza de hogar; la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2024, indicó que 42 por ciento de los adultos mayores dependen de pensiones o ayudas gubernamentales; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), estimó que 38 por ciento de los hogares rurales tienen ingresos irregulares por contingencias; y la Secretaría de Bienestar señaló que solo 62 por ciento de las pensiones aprobadas se entregan de manera oportuna. Estas cifras evidenciaron la magnitud de la problemática y la necesidad de una intervención inmediata.
Ante la falta de respuestas, las pensionadas solicitaron a las autoridades garantizar el pago de manera inmediata y transparente, con la intención de evitar más retrasos que impacten en la economía familiar. Además, reclamaron protocolos claros que aseguren la continuidad de los beneficios para quienes fueron víctimas de desastres naturales o violencia, al subrayar la importancia de priorizar a los grupos más vulnerables.
