Ranchos históricos permanecen bajo control de comunidades autónomas, lo que afecta la producción
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
31 años después del conflicto armado de 1994, los ganaderos desplazados de Altamirano continúan sin recibir compensación por las tierras pérdidas durante la ocupación de ranchos por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las instalaciones de la Asociación Ganadera local permanecieron en ruinas, un testimonio de las secuelas del levantamiento y del abandono institucional.
Habitantes de la región relataron que ranchos históricos como Buena Vista, Shaxolob y San Martín quedaron bajo control de comunidades autónomas, donde se cultivan maíz, café y se cría ganado. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 28 por ciento de las tierras ejidales en Chiapas todavía se encuentran bajo disputa o control comunitario derivado de conflictos históricos, lo que evidenció la magnitud del problema territorial.
El desplazamiento forzado afectó a más de 45 personas del ejido Morelia, quienes fueron obligadas a abandonar sus hogares por negarse a incorporarse al EZLN. Datos del Comisionado Nacional de Seguridad Alimentaria indicaron que más de 15 mil personas en la entidad fueron desplazadas durante la década de los 90 por conflictos armados, al mostrar que el caso de Altamirano es parte de un fenómeno regional de largo plazo.
A nivel económico, el Secretariado de Desarrollo Rural y Ganadero reportó que en la comarca el sector agropecuario ha perdido cerca del 12 por ciento de su productividad histórica en municipios afectados por conflictos armados, lo que agrava la deuda social y económica con los ganaderos desplazados. Mientras tanto, los testimonios señalaron que muchos trasladados se asentaron en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en búsqueda de reconstruir sus vidas sin recuperar sus propiedades originales.
Gobierno federal aún no ha emitido una resolución sobre indemnización, y los desplazados mantienen la esperanza de que alguna vez se reconozca su derecho a ser compensados. Según la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el rezago en la restitución de tierras afecta a dos de cada cinco productores rurales del estado, lo que consolida un ciclo de pobreza y marginación que persiste desde hace más de tres décadas.
