La reforma al Código Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil permitiría que todas las oficialías expidan actas que respeten la autoidentificación
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, más de 300 mil personas trans viven a la espera de que su identidad sea reconocida de manera legal. A pocos días de que la LXIX Legislatura abra su primer periodo ordinario de sesiones, colectivos como Red por los Mismos Derechos y con los Mismos Nombres exigieron que los diputados transformen las promesas en acciones concretas.
La representante del colectivo, Maricarmen Pereyra Vázquez, denunció que la indiferencia legislativa mantiene vulnerables a cientos de chiapanecos. “Tres iniciativas han quedado olvidadas en el Congreso. La negación silenciosa perpetúa la violación de derechos humanos fundamentales”, afirmó, al resaltar que la omisión prolonga la desigualdad y la invisibilidad social.
Mientras 20 estados del país ya reconocen la identidad de género con trámites administrativos sencillos, Chiapas sigue rezagado. Solo 15 por ciento de las personas trans en la entidad cuentan con documentos que coincidan con su identidad, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que limitó su acceso a educación, empleo y servicios de salud. La espera legal se traduce en barreras cotidianas y discriminación institucionalizada.
La reforma propuesta no solo toca el Código Civil, también implicaría ajustar la Ley Orgánica del Registro Civil para que todas las oficialías puedan expedir actas de nacimiento que respeten la autoidentificación. En Chiapas, menos del 10 por ciento de las oficialías han recibido solicitudes relacionadas con identidad de género, lo que muestra de la desinformación y falta de protocolos que obstaculizan el reconocimiento.
Activistas insistieron en que legislar ahora es un acto de justicia social. El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) indicó que 52 por ciento de las personas trans en la comarca han enfrentado discriminación en servicios públicos, lo que supera la media nacional y subraya la urgencia de un marco legal que proteja derechos, dignidad e inclusión plena.
