La falta de reconocimiento legal, el acceso limita a empleo y salud aumentan los riesgos de mortalidad
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La esperanza de vida de las personas trans en México es de apenas 35 años, menos de la mitad de la media nacional, que alcanza los 74, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta alarmante diferencia reflejó un contexto de vulnerabilidad estructural donde la negación de derechos básicos impacta en la supervivencia y el bienestar de este sector de la población.
El acceso a la identidad de género es uno de los grandes pendientes. Solo el 12 por ciento de las personas trans en México ha logrado modificar sus documentos oficiales, lo que limita su inclusión en el empleo formal y los servicios de salud, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La discriminación sistemática fuerza a muchas a depender de la economía informal y de actividades de alto riesgo, lo que incrementa su exposición a violencia y explotación.
El trabajo sexual y empleos precarios representan la principal vía de subsistencia para estas personas. Estudios recientes del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) indicaron que 68 por ciento de las mujeres trans se dedican a trabajos no regulados, mientras que solo cinco por ciento logra insertarse en empleos formales. Esta marginalización económica se traduce en exclusión de seguridad social, atención médica regular y protección jurídica, lo que perpetua un ciclo de vulnerabilidad y desigualdad.
La violencia es otra causa crucial de mortalidad. Entre 2019 y 2024, la Red TLGB México documentó 325 homicidios de personas trans en el país, de los cuales 72 por ciento fueron mujeres. La falta de protocolos adecuados y el registro erróneo de la identidad de género de las víctimas reforzó la impunidad, muchas investigaciones se realizaron como si las personas fueran hombres, lo que borró la realidad de su vida y su identidad.
Expertos y defensores llamaron a reconocer estos derechos para salvar vidas. Cada política, acceso a la salud y registro legal negado actúa como un recordatorio doloroso de la discriminación sistémica que atraviesa la vida de las personas trans. La capacitación y sensibilización en instancias como el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, buscan revertir estas prácticas y abrir caminos hacia una esperanza de vida que se acerque a la media nacional.
