El gremio exigió restablecer la gobernabilidad en el sector y frenar una práctica que amenaza la estabilidad económica
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El conflicto por el transporte en el norte de Chiapas volvió a estallar. Concesionarios de carga acusaron a las alcaldías de Juárez, Pichucalco y Reforma de tolerar y, en los hechos, alentar el crecimiento del “pirataje”. La protesta no solo buscó visibilizar la competencia desleal, sino señalar que la permisividad de las autoridades locales ha precarizado un sector que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), generó alrededor de 15 mil empleos directos en la región norte del estado.
Los transportistas aseguraron que llevan un año en condiciones críticas, sin poder operar con regularidad debido a la invasión de rutas por unidades sin concesión. El problema no es menor: la Secretaría de Movilidad y Transporte reconoció que en el estado existen más de tres mil vehículos irregulares en circulación, mientras que, en municipios como Reforma, al menos el 40 por ciento de las unidades de carga no cuentan con permisos vigentes. Esta realidad colocó en desventaja a quienes cumplen con las normas fiscales y de seguridad.
La molestia de los manifestantes también se sostiene en la falta de acción estatal. Mientras en estados como Querétaro o Jalisco se realizan en promedio 300 operativos anuales contra transporte irregular, en la entidad apenas se documentaron 85 operativos durante 2023, una cifra insuficiente para contener el fenómeno. Los concesionarios advirtieron que este vacío ha permitido la proliferación de cobros ilegales y cuotas que se aplican al margen de la ley.
Al señalar a los presidentes municipales, los transportistas buscaron trasladar la discusión a un terreno político, acusaron a las autoridades locales de usar el tema como moneda de cambio, al otorgar “protección” tácita a operadores irregulares a cambio de respaldo político o económico. La omisión, advirtieron, no solo debilitó al sector formal, sino que incentivó la inseguridad y el desorden vial en municipios que dependen del transporte de carga para la actividad comercial.
El llamado central de la protesta fue claro, restablecer la gobernabilidad en el transporte. Para los concesionarios, las reformas y los permisos pierden sentido si las autoridades municipales y estatales no garantizan reglas claras y justas. La exigencia se resumió en un mensaje, frenar el pirataje no es un favor al gremio, sino un requisito para proteger la economía regional y recuperar la confianza en las instituciones encargadas de vigilar el sector.
