Hospitalizaciones y casos de abandono siguen en aumento, lo que evidencia la insuficiencia de políticas de protección y apoyo social
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
En Chiapas, la infancia vive bajo una doble amenaza, la pobreza extrema y la negligencia en el hogar. Con casi ocho de cada 10 niños en situación de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval), la vulnerabilidad se convirtió en norma y no en excepción. Más de 273 mil menores enfrentan trabajo infantil o abandono, y la exposición constante a ambientes inseguros transforma el derecho a crecer en familia en un privilegio que pocos disfrutan.
Los hospitales del estado reflejaron esta crisis. En 2024, mil 282 menores fueron ingresados por abandono o negligencia, un incremento de 3.5 por ciento respecto a 2023 y más del 600 por ciento comparado con 2010. La mayoría, 70 por ciento, son adolescentes de 12 a 17 años; 13 por ciento son menores de uno a cinco años, y 16.9 por ciento tienen entre seis y 11 años.
El hogar sigue siendo el epicentro de riesgo, 89.9 por cientode los casos de negligencia ocurrieron dentro de la vivienda, mientras que la vía pública y escuelas representan apenas 2.7por ciento y 1.5 por ciento, de manera respectiva. Sin embargo, la incidencia escolar no puede ignorarse, 20 casos registrados en 2024 revelaron fallas en la protección institucional, en un contexto donde el 61 por ciento de las familias chiapanecas carece de acceso adecuado a servicios de salud y educación, según datos de la Secretaría de Salud y de Educación estatal.
El abandono tiene un costo social y económico visible. Desde 2021, las hospitalizaciones superan el promedio histórico de 761.5 casos al año, lo que indicó que la problemática no solo es recurrente, sino creciente. Además, el 13 por ciento de los hogares con menores registra deficiencias en vivienda y acceso a servicios básicos, potenciando la exposición a riesgos.
Expertos coincidieron en que la LGDNNA ofrece un marco legal sólido, pero su implementación sigue siendo insuficiente. Aun cuando las autoridades deben prevenir, atender y sancionar la negligencia, el aumento sostenido de hospitalizaciones y la presencia de grupos vulnerables muestran que la protección requiere más que leyes, necesita inversión social estratégica, campañas de concienciación y vigilancia integral que abarque hogares, escuelas y espacios públicos. Sin ello, la entidad seguirá siendo uno de los estados donde los derechos de la infancia son los más vulnerables en el país.
