El sector señaló que las nuevas restricciones fiscales y judiciales pondrían en riesgo a pequeños y medianos negocios
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chiapas alertó sobre los efectos que podría generar la reforma a la Ley de Amparo si se aprueba en sus términos actuales. El organismo consideró que el proyecto legislativo, más que fortalecer el acceso a la justicia, endurece los mecanismos de defensa de ciudadanos y empresas frente a decisiones arbitrarias, poniendo en riesgo la estabilidad económica y jurídica de la entidad.
El llamado de la Coparmex ocurrió en un momento en que la entidad enfrenta uno de los escenarios más frágiles para la iniciativa privada: el 96 por ciento de las unidades económicas en el estado son micro y pequeñas empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(Inegi), y la mayoría de ellas carece de liquidez para enfrentar procedimientos legales prolongados o sanciones fiscales sin garantías alternativas. En ese contexto, la eliminación de figuras como la suspensión del acto reclamado podría traducirse en cierres inmediatos y pérdida de empleos.
El organismo empresarial advirtió que el nuevo esquema de garantías fiscales, que limita las opciones a depósitos en efectivo o cartas de crédito, desconoce la realidad económica del sur del país, donde solo el 18 por ciento de las empresas cuenta con acceso a crédito formal. En palabras del presidente estatal, Edgar Axel Benítez Aguilar, la reforma representa una barrera. Para la Coparmex, la rigidez normativa amenaza con convertir el amparo en un trámite simbólico sin verdadera función protectora.
A ello se suma la preocupación por la aplicación retroactiva de la reforma, incluida por el Senado el 1 de octubre, que afectaría los juicios en curso. Según el Consejo de la Judicatura Federal, en Chiapas se tramitan al año más de tresmil amparos relacionados con temas fiscales, laborales o administrativos. Si las nuevas disposiciones se aplican de inmediato, cientos de procesos podrían quedar sin efecto, al vulnerar el principio constitucional de seguridad jurídica.
La Coparmex insistió en que el país requiere una ley que refuerce la justicia, no que la condicione. En el estado, donde la informalidad laboral alcanza el 71.2 por ciento, el riesgo de una parálisis en la operación de empresas formales tendría repercusiones directas en los ingresos de miles de familias. Por ello, el organismo pidió a los diputados federales abrir un diálogo amplio con los sectores productivos antes de aprobar la reforma.
