Habitantes exigen intervención inmediata con maquinaria y brigadas para restablecer vías
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Casi un mes ha pasado desde que las lluvias del 15 de septiembre convirtieron a Cerro Perote, en Siltepec, en un territorio aislado. Derrumbes de puentes, muros de contención y alcantarillas dejaron incomunicadas a cuatro comunidades, esto obligó a sus habitantes a improvisar rutas y soluciones para sobrevivir sin acceso a alimentos, agua potable ni atención médica.
La vida diaria se ha transformado en un desafío constante. Familias enteras deben trasladarse a pie por senderos inestables para abastecerse o atender emergencias, mientras adultos mayores y niños soportan la escasez de productos básicos. El caso más dramático ocurrió hace días, cuando un vecino falleció y su ataúd tuvo que ser transportado en hombros para darle sepultura, un símbolo doloroso de la precariedad que enfrenta la zona.
Expertos coincidieron en que la vulnerabilidad de Cerro Perote reflejó un patrón recurrente en la Sierra de Chiapas. Entre 2015 y 2022, el 78 por ciento de los municipios serranos han sufrido afectaciones por derrumbes durante la temporada de lluvias. Cada año, se pierden en promedio 120 puentes y 450 kilómetros de caminos rurales, según la Secretaría de Protección Civil, lo que limita la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias.
Los riesgos se amplifican debido a la fragilidad de los cauces y la topografía accidentada: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que el 65 por ciento de los ríos en zonas montañosas presentan peligro de colapso, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) estimó que más de 10 mil personas pueden quedar aisladas por semanas ante desastres similares. La combinación de lluvias extremas, infraestructura deficiente y ausencia de protocolos eficientes aumenta la exposición de las comunidades a emergencias prolongadas.
Ante esta situación, los habitantes han hecho un llamado directo al gobernador para que envíe brigadas de apoyo. La demora en la intervención oficial evidenció no solo la fragilidad de las vías rurales, sino también la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención en comunidades serranas que, año tras año, enfrentan los mismos riesgos sin recibir una respuesta estructural adecuada.
