La promesa se diluyó entre papeles, licitaciones fantasmas y contratistas que nunca aparecieron
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Cuando en septiembre de 2017 un sismo de magnitud 8.2 sacudió el sur del país, los pobladores de Chiapas pensaron que el Fondo de Desastres Naturales —el FONDEN— sería su salvación. Así lo anunciaban los funcionarios federales, las cámaras de televisión y los boletines de prensa: habría dinero, materiales y reconstrucción inmediata. Pero la promesa se diluyó entre papeles, licitaciones fantasmas y contratistas que nunca aparecieron.
A casi una década y media de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentara las primeras irregularidades en el FONDEN, los informes confirman lo que muchos damnificados intuían desde hace años: aquel fondo creado en 1996 para aliviar tragedias naturales se convirtió en un mecanismo opaco y burocrático, donde los recursos se desviaban antes de llegar a los que lo necesitaban.
UN FONDO QUE NACIÓ CON BUENAS INTENCIONES
El FONDEN fue creado durante el Gobierno de Ernesto Zedillo con la promesa de agilizar la atención ante huracanes, inundaciones y terremotos. El mecanismo pretendía ser un salvavidas financiero: el Gobierno federal ponía dinero para reconstruir infraestructura dañada y las entidades federativas debían aportar su parte mediante seguros y fondos locales.
Pero la estructura del FONDEN pronto se volvió un laberinto. Para acceder a los recursos, un municipio afectado debía esperar una declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación. El proceso era largo: el presidente municipal pedía ayuda al gobernador; este, a su vez, a la Coordinación Nacional de Protección Civil, y luego un comité técnico verificaba los daños antes de que la declaratoria apareciera en el Diario Oficial.
Mientras la burocracia federal revisaba documentos y fotografías, los damnificados seguían bajo lonas, entre ruinas y lodo. Esa lentitud se transformó en oportunidad para muchos funcionarios locales y contratistas: entre la emergencia y la reconstrucción, se abría un espacio fértil para la corrupción.
CHIAPAS: EL ESPEJO DE UN SISTEMA FRACTURADO
De todos los estados que sufrieron el mal manejo del FONDEN, Chiapas se convirtió en un caso emblemático.
En los archivos de la Auditoría Superior de la Federación, los años 2010, 2011 y 2017 aparecen subrayados en rojo. Auditorías aplicadas a cinco mil 599 millones de pesos destinados a la reconstrucción educativa tras los desastres naturales revelaron pagos fuera de norma por más de 5.1 millones a contratistas en Chiapas, Oaxaca y Morelos. Muchos de esos pagos se hicieron fuera del periodo autorizado y sin documentación comprobatoria.
En comunidades como Tonalá, Jiquipilas o Villaflores, los habitantes recuerdan escuelas que nunca se reconstruyeron y obras que quedaron a medias. Algunas estructuras fueron levantadas con materiales de baja calidad o simplemente abandonadas tras el cobro del anticipo.
“Nos dijeron que el dinero ya estaba aprobado, que pronto llegarían los ingenieros”, cuenta María del Carmen, vecina de Tonalá cuyo hijo llevaba clases en un aula de madera improvisada. “Nunca llegaron. Pasó un año y solo nos quedó el letrero de obra del FONDEN”.
La ASF ha documentado desde 2010 irregularidades sistémicas: incumplimientos de contrato, pagos duplicados, viáticos improcedentes, expedientes incompletos y obras inexistentes. Las anomalías se repitieron en casi todos los estados, pero el patrón fue el mismo: dinero federal desaparecido y damnificados sin apoyo.
En Veracruz (2015), tras intensas lluvias, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incumplió con la reconstrucción de viviendas por 14.4 millones de pesos provenientes del FONDEN. En Tabasco (2011), la ASF detectó un posible daño al erario por 432 millones de recursos nunca aplicados.
Para 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición del fondo, llamándolo “un hoyo negro de corrupción” y un “esquema burocrático” sin transparencia ni recursos propios. Los apoyos ahora serían entregados de manera directa, dentro del presupuesto federal, con censos “casa por casa”.
La corrupción del FONDEN no solo se cuenta en números: también tiene víctimas. El contador Arturo Fernández López lo sabía. En 2002, desde su puesto como subdirector de Recursos Financieros de Protección Civil, denunció el desvío de fondos destinados a los damnificados. Señaló directamente al entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, a su encargada de Protección Civil Carmen Segura Rangel y a empresas vinculadas a los hijos del expresidente Vicente Fox.
Un año después, en octubre de 2003, cuatro balas lo alcanzaron frente a su casa. Milagrosamente sobrevivió, pero perdió su trabajo en la Contraloría de Gobernación. La investigación nunca prosperó, y ningún funcionario pisó la cárcel. La Cámara de Diputados exigió una indagatoria, pero el expediente quedó enterrado bajo el peso del silencio.
Su caso es un recordatorio de cómo la corrupción institucional se defiende a sí misma, incluso a costa de vidas humanas.
Paradójicamente, el primer gran fracaso del FONDEN ocurrió bajo el mismo Gobierno que lo creó. En 1999, las lluvias arrasaron la Sierra Norte de Puebla, Poza Rica, Veracruz y la Huasteca. Tres huracanes simultáneos provocaron 636 muertes —aunque el Gobierno solo reconoció la mitad— y dejaron medio millón de damnificados.
El FONDEN aportó apenas dos mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que se necesitaba para reparar los daños estimados en cinco mil millones. “La inundación de las mitades”, la llamaron algunos periodistas: la mitad de los muertos reconocidos, la mitad de los apoyos entregados y la mitad de los recursos aplicados.
Ese modelo, basado en fideicomisos opacos y procesos burocráticos, se replicó durante los gobiernos siguientes. Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y Oaxaca sufrieron sus efectos una y otra vez.
A lo largo de más de dos décadas, el FONDEN manejó miles de millones de pesos sin rendición pública clara. Los informes de auditoría revelan que muchos de sus fideicomisos permanecían “reservados” y que los contratos se realizaban sin licitaciones abiertas. En Chiapas, la opacidad se agravó por la dispersión geográfica y la falta de vigilancia local.
La ASF encontró duplicidad de pagos por obras inexistentes, materiales adquiridos a sobreprecio y viáticos inflados. Los damnificados, en cambio, recibían despensas caducadas, techos improvisados y promesas incumplidas.
“Era un dinero que se perdía antes de llegar”, resume un exfuncionario estatal que pidió el anonimato. “Había constructoras fantasmas que aparecían solo durante la emergencia. Después, desaparecían junto con los millones del fondo”.
DESPUÉS DEL FONDEN: ¿QUIÉN RESPONDE AHORA?
Con la eliminación del FONDEN en 2020, el Gobierno federal prometió un nuevo esquema: apoyos directos y censos personalizados. En Chiapas, tras las tormentas de 2021 y los sismos de 2022, los programas de atención inmediata buscaron corregir el viejo modelo. Sin embargo, la sombra del FONDEN sigue presente: las secuelas de su corrupción son imprevisibles.
Las obras inconclusas, los expedientes perdidos y los pagos irregulares dejaron huecos financieros que aún hoy afectan a las comunidades. Muchos municipios siguen sin infraestructura segura y sin acceso a seguros contra desastres.
En los archivos de la ASF, los nombres de Chiapas, Oaxaca y Tabasco se repiten una y otra vez, como si fueran la bitácora de un sistema que nunca aprendió de sus errores.
ECOS ENTRE LOS ESCOMBROS
Hoy, mientras el país enfrenta nuevas temporadas de lluvias, incendios y sismos, el recuerdo del FONDEN persiste como advertencia. En Chiapas, los damnificados de antaño observan con escepticismo los nuevos anuncios oficiales. Saben que la burocracia puede ser tan devastadora como un huracán.
“El desastre no fue solo el temblor”, dijo doña Cecilia Gómez, habitante de Pijijiapan. “El verdadero desastre fue esperar ayuda que nunca llegó”.
El FONDEN nació para salvar vidas y terminó ahogando la esperanza de miles. En su lugar, quedan ruinas, deudas y un eco incómodo: el de un país que convirtió la tragedia en negocio.
