La mayoría de adultos mayores dependen de actividades agropecuarias o comercio informal para subsistir
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, envejecer no garantiza seguridad ni estabilidad económica. Más del 70 por ciento de los adultos mayores carecen de un ingreso suficiente, y solo uno de cada cuatro recibe algún tipo de apoyo gubernamental formal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. Esta población se enfrenta a la doble carga de la dependencia económica y la exclusión laboral, mientras la mayoría sigue activa por necesidad y no por elección.
El mercado laboral local ofrece pocas alternativas para quienes superan los 60 años. Apenas el 15 por ciento de hombres y el 12 por ciento de mujeres mayores de 60 años logran incorporarse a empleos formales, mientras que el resto depende del trabajo informal, donde los ingresos son inestables y la seguridad social es inexistente, lo que refuerza la precariedad y el riesgo de pobreza extrema.
La agricultura y el comercio continúan siendo los sectores que sostienen a la tercera edad. Casi 55 por ciento de hombres y 38 por ciento de mujeres participan en labores agropecuarias, mientras que el 42 por ciento de las mujeres mayores combina estas tareas con actividades comerciales, lo que reveló cómo la disparidad de género y la necesidad económica obligan a largas jornadas de trabajo físico, muchas veces sin descanso ni seguro médico.
El impacto social se reflejó en las familias y comunidades. Más del 60 por ciento de los hogares con adultos mayores dependen de remesas o ingresos complementarios de familiares jóvenes, y casi la mitad de los mayores señaló que no cuenta con acceso a servicios de salud suficientes, lo que convierte al trabajo diario en la única forma de garantizar su subsistencia y la de sus familias.
Expertos en desarrollo social advirtieron que estas cifras ponen en evidencia la urgencia de políticas públicas innovadoras que reconozcan el potencial productivo y la experiencia de los adultos mayores. Programas de empleo adaptado, capacitación flexible y acceso a microcréditos podrían disminuir la vulnerabilidad económica, mientras más del 75 por ciento de la población adulta mayor manifiesta disposición a incorporarse a iniciativas comunitarias si existen incentivos y acompañamiento adecuado.
