Su caso simboliza vulnerabilidad estructural, inacción institucional y el costo de la convergencia entre poder político y violencia
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Cuatro años después del artero asesinato del periodista chiapaneco Fredy López Arévalo, ocurrido la noche del 28 de octubre de 2021, el caso continúa sin esclarecerse plenamente. La viuda del comunicador, Gabriela Velázquez Gamboa, denuncia que la investigación se encuentra “estancada, congelada por la negligencia y el desinterés de las autoridades”, mientras el gremio periodístico en Chiapas exige justicia ante lo que consideran un crimen de Estado que sigue impune.
EL CRIMEN QUE SACUDIÓ A CHIAPAS
Eran cerca de las 19:45 horas de aquel jueves de octubre cuando Fredy López Arévalo regresó a su domicilio en la colonia Las Rosas, en San Cristóbal de Las Casas, junto con su esposa e hijos, tras un viaje a Tuxtla Gutiérrez. Mientras bajaba objetos de su vehículo, un sicario se acercó y le disparó a quemarropa en la puerta de su casa, ubicada cerca del Rastro Municipal. El periodista cayó mortalmente herido ante la mirada de su familia.
El atacante huyó en una motocicleta antes de que llegaran los cuerpos de seguridad. Agentes municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda por las rutas de escape, sin éxito. Momentos después, peritos y agentes del Ministerio Público realizaron las diligencias de ley y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Aquel crimen se sumó a la larga lista de agresiones contra periodistas en México, un país que en 2021 registró al menos ocho homicidios y dos desapariciones de comunicadores, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
LA TRAYECTORIA DE FREDY
Fredy López Arévalo era un periodista con más de tres décadas de trayectoria. Desde los años 80 colaboró en diversos medios nacionales e internacionales, y en los últimos años administraba el portal “Jovel”, espacio digital donde abordaba temas políticos, de seguridad y de interés social con un enfoque crítico hacia el poder local y estatal.
Su trabajo periodístico lo había colocado en la mira de distintos grupos políticos y económicos. Sin embargo, según su esposa, en el periodo inmediato a su asesinato no existían amenazas directas. “En ese lapso de tiempo Freddy no tenía ninguna amenaza. A lo largo de su carrera sí hubo épocas difíciles, pero en ese momento todo parecía tranquilo”, declaró Gabriela Velázquez.
En febrero de 2022, el entonces subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó durante una conferencia matutina del presidente López Obrador que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas había identificado a los presuntos autores materiales del homicidio: Jonathan “N”, alias El Moco, y Éder Ezequiel “N”, alias El Norteño. Ambos fueron hallados sin vida el 30 de diciembre de 2021, dentro de la cajuela de un vehículo en el municipio de Frontera Comalapa.
Según Mejía, los presuntos homicidas habrían sido asesinados semanas después de cometer el crimen. Con ello, la línea de investigación principal quedó prácticamente cerrada. “La investigación seguirá su curso en la Fiscalía General de la República”, afirmó el funcionario. No obstante, para la familia y colegas del periodista, la justicia nunca llegó.
CUATRO AÑOS DE SILENCIO
“Han pasado cuatro años, cuatro años de silencio, de indiferencia y de simulación”, denunció Gabriela Velázquez durante una conferencia reciente. “La investigación por el asesinato de Fredy López Arévalo está estancada, congelada por la negligencia y el desinterés de quienes deberían impartir justicia en el estado de Chiapas”.
La Unión de Periódicos, Revistas, Empresas y Medios Digitales de Chiapas A.C. se solidarizó con la familia del periodista y exigió a las autoridades federales y estatales reactivar el caso. En su pronunciamiento, el presidente del consejo ejecutivo estatal, Arturo Alonso Estobar Rosas, enfatizó:
“Más allá del estilo o de las incomodidades que generaba su trabajo, Fredy practicaba la libertad de expresión sin censura ni miedo. En un país donde el silencio se impone por conveniencia, ese acto de valentía no puede quedar impune”.
El gremio periodístico de Chiapas también reconoció la fragmentación interna que ha debilitado la exigencia colectiva. “La indiferencia nos convierte en cómplices. Dejar pasar este crimen es aceptar que mañana puede tocarnos a cualquiera”, expresó Estobar Rosas.
LA LUCHA DE UNA FAMILIA POR JUSTICIA Y DIGNIDAD
Desde 2021, Gabriela Velázquez y sus hijas han tocado las puertas de todas las instancias posibles. Han acudido a la Fiscalía General de la República (FGR), al Mecanismo de Protección a Periodistas, e incluso a conferencias presidenciales para exigir avances en la investigación. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido mínima.
“Desde aquel 28 de octubre de 2021 hemos buscado justicia en todas las instancias posibles. Hasta hoy, la Fiscalía General de la República no ha brindado avances reales ni resultados concretos. Esta omisión representa una grave violación al derecho a la justicia y a la libertad de expresión”, expresó Gabriela durante su más reciente comunicado.
La viuda también denunció un intento de despojo patrimonial, supuestamente impulsado por familiares políticos. “Corremos el peligro de perder el patrimonio que formamos con esfuerzo y trabajo durante 20 años, a causa de la mezquindad humana que pretende usar las leyes para mentir y beneficiarse de nuestra tragedia”, señaló, mencionando directamente a Ofelia Moreno Grandillo y su hijo, Óscar Takeshi López Moreno, a quienes acusa de “armar un juicio plagado de inconsistencias”.
LA CARPETA ESTANCADA Y LAS OMISIONES
En 2023, Velázquez solicitó formalmente que la Fiscalía General del Estado de Chiapas compartiera la carpeta de investigación con la FGR, argumentando que la fiscalía federal no había movido un solo dedo. Tras una reestructuración interna, nuevos ministerios públicos fueron asignados al caso, pero, según la familia, ninguno conocía el contexto social ni periodístico de Chiapas.
“Desde el inicio hemos sufrido una doble pesadilla: la pérdida de Freddy y la indiferencia institucional. Los ministerios públicos que tomaron la carpeta ni siquiera conocían San Cristóbal. No entendían la magnitud del impacto de este crimen en el periodismo local”, lamentó Gabriela.
La familia espera una respuesta oficial sobre la colaboración entre ambas fiscalías, pero el expediente continúa sin avances significativos. Mientras tanto, la viuda ha solicitado protección para ella y sus hijas, ante amenazas indirectas y el acoso judicial derivado del conflicto familiar.
PERIODISMO BAJO AMENAZA
El asesinato de Fredy López Arévalo no fue un hecho aislado. En los días posteriores a su homicidio, la ONU-DH condenó también la agresión contra Alfredo Cardoso Echeverría, periodista de Guerrero, ocurrida apenas un día después. En su comunicado, Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, advirtió que estos ataques evidencian un patrón de violencia sistemática contra la prensa mexicana.
“El asesinato del señor López Arévalo representa un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información de la sociedad. Es necesario fortalecer la protección de los periodistas y revertir la impunidad que rodea estas agresiones”, declaró.
Según datos de organizaciones civiles, más del 95 por ciento de los crímenes contra periodistas en México permanecen impunes, y Chiapas figura entre los estados con mayor riesgo para el ejercicio periodístico, junto con Veracruz, Guerrero y Tamaulipas.
EL PERIODISMO QUE INCOMODABA
Fredy López Arévalo era considerado un periodista crítico, con un estilo frontal y analítico. En sus últimos años abordó temas sobre corrupción política, seguridad y migración en la frontera sur, además de investigaciones sobre el crimen organizado en la región de Los Altos. Sus textos, compartidos principalmente en redes sociales y en su portal “Jovel News”, generaban debate, pero también incomodaban a actores del poder local.
“El asesinato de Freddy fue un mensaje. Fue demostrar el poder del Estado, lo que puede pasarle a un periodista que habla con la verdad”, aseguró su esposa.
“Él incomodaba a muchas personas, por eso hemos sido muy cuidadosos con los señalamientos. Pero no descartamos ninguna línea, ni siquiera la posible participación de autoridades”.
CUATRO AÑOS DESPUÉS: LA ESPERANZA ENTRE LA IMPUNIDAD
En octubre de 2025, al cumplirse cuatro años del crimen, la familia López Velázquez organizó un acto conmemorativo en San Cristóbal. Rodeadas de colegas, organizaciones y amigos, Gabriela y sus hijas reiteraron su demanda: “Justicia para Fredy López Arévalo”.
“Seguimos esperando. Hasta que la violencia toca tu puerta puedes comprender la magnitud del desinterés institucional”, expresó con la voz entrecortada. “Pero la memoria de Freddy no se apaga. Su voz y su amor por Chiapas siguen vivos en cada persona que cree en la verdad”.
Aunque las investigaciones oficiales no ofrecen nuevas líneas, la familia conserva una esperanza: que el nuevo Gobierno estatal y la Fiscalía local retomen el caso con seriedad. “Queremos tener fe de que así será. Que por fin haya coherencia y comunicación entre las instituciones”, dice Gabriela.
UN CRIMEN QUE NO DEBE QUEDAR EN EL OLVIDO
A cuatro años del asesinato de Fredy López Arévalo, su caso simboliza la vulnerabilidad estructural del periodismo en México, la inacción institucional y el alto costo de ejercer la verdad en regiones donde el poder político y la violencia convergen.
El gremio periodístico de Chiapas lo resume con contundencia:
“No callamos, no olvidamos, no claudicamos. Exigir justicia no es consigna, es deber. Dejar pasar este crimen es aceptar que mañana puede tocarnos a cualquiera”.
Mientras las autoridades guardan silencio, la voz de Fredy —periodista, padre, esposo, chiapaneco— sigue resonando en cada llamado a la verdad. Porque en Chiapas, como en todo México, el periodismo no debería costar la vida.
