No aceptarán diálogo con funcionarios intermedios ni comisiones sin poder de decisión
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Entre pancartas, lonas improvisadas y la esperanza persistente de ser escuchados, más de 200 indígenas desplazados del sector Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, instalaron un plantón indefinido frente a la Sede Central del Gobierno del Estado, en Tuxtla Gutiérrez. Su exigencia es clara: justicia, seguridad y cumplimiento de acuerdos incumplidos por los hechos de violencia ocurridos el 24 de junio y el 29 de septiembre de 2022, cuando un ataque armado derivado de un conflicto agrario los obligó a huir de sus hogares.
UNA MARCHA POR LA JUSTICIA
La movilización partió del Parque 5 de Mayo rumbo al Parque Central, donde hombres, mujeres, ancianos y niños levantaron casas de campaña, fogones y pequeños refugios de plástico. Con consignas y rostros marcados por el cansancio, anunciaron que no se moverán del lugar “hasta tener una respuesta favorable” de las autoridades estatales.
“Decidimos venir a un plantón indefinido aquí, en el Palacio de Gobierno, hasta que nos den una respuesta. Si no, podemos quedarnos los meses que sea necesario; no hay otra opción porque no hay solución a nuestras demandas”, declaró Manuel Gómez Velasco, representante de los desplazados, durante una conferencia improvisada frente al edificio gubernamental.
Con voz pausada, pero firme, Gómez Velasco recordó que los ataques que provocaron el desplazamiento fueron perpetrados con armas de grueso calibre. “Fuimos desplazados por disparos de armas de alto poder. Tenemos evidencias y fotografías que presentamos ante la Fiscalía Indígena, pero el Gobierno no actúa, como si portar armas no fuera un delito”, denunció.
ENTRE LA VIOLENCIA Y EL OLVIDO
Los hechos de 2022 dejaron una huella profunda en las comunidades de Santa Marta y Aldama, dos pueblos indígenas tsotsiles que comparten una historia de tensiones agrarias que se remonta a varias décadas. De acuerdo con testimonios, el ataque más violento ocurrió el 29 de septiembre, cuando hombres armados ingresaron a la comunidad, disparando indiscriminadamente y provocando un éxodo forzado de más de 200 personas.
Desde entonces, la vida de estas familias cambió por completo. Actualmente, los desplazados viven refugiados en una bodega de la comunidad zapatista San Pedro Polhó, también en el municipio de Chenalhó. En ese espacio improvisado —sin agua potable suficiente, con escaso acceso a alimentos y sin atención médica— sobreviven desde hace tres años en condiciones que describen como “inhumanas”.
“Hay mucho sufrimiento en el campamento. No tenemos trabajo ni recursos. Gobierno envía algunos insumos, pero no alcanzan para las familias grandes”, lamentó el vocero. En los alrededores de la bodega, los niños juegan entre charcos y tablas, mientras las mujeres cocinan con leña lo poco que tienen. “No es vida estar aquí. Queremos regresar, pero con garantías de seguridad”, añadió una de las mujeres desplazadas que pidió omitir su nombre por temor a represalias.
EL RETORNO IMPOSIBLE
Pese a los esfuerzos de algunas familias por volver a su lugar de origen, la violencia persiste. Según informó Gómez Velasco, nueve familias intentaron regresar a Santa Marta, pero fueron amenazadas de muerte, lo que provocó que el resto del grupo desistiera del retorno.
“Queremos retornar, pero que sea un retorno seguro, no que solo nos dejen allá y nos expongan otra vez al peligro”, explicó. Las palabras reflejan el sentimiento de desconfianza generalizado hacia las autoridades municipales y estatales, a quienes acusan de omisión y complicidad con los grupos armados de la zona.
El representante denunció que, a más de tres años de los hechos, los responsables continúan en libertad, mientras que cinco personas siguen desaparecidas. A pesar de los llamados, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no ha ingresado a la zona. “Nos dicen que no hay recursos para que entren, pero sabemos que sí los hay; solo nos dan excusas”, señaló.
PROMESAS INCUMPLIDAS Y DESESPERANZA
En su pronunciamiento público, los desplazados exigieron la búsqueda inmediata de los desaparecidos, la reparación de daños materiales —casas, cultivos y animales que fueron destruidos durante los ataques—, así como el cumplimiento de minutas firmadas que, aseguran, han sido ignoradas por el Gobierno actual.
“A tres años de nuestro desplazamiento solo nos han engañado. Cumplen con mentiras y buscan excusas para ocultar los crímenes cometidos en septiembre de 2022 en complicidad con el ayuntamiento de Chenalhó”, afirmaron en un comunicado leído frente al Palacio de Gobierno.
En los documentos firmados entre las comunidades y las autoridades estatales se había establecido el compromiso de garantizar la seguridad de las familias desplazadas, investigar los hechos y gestionar su retorno en condiciones dignas. Sin embargo, hasta ahora —denuncian— no existe ningún avance real.
Los desplazados también acusaron que las autoridades municipales de Chenalhó mantienen vínculos con los grupos armados que operan en el sector Santa Marta, y que han actuado con total impunidad ante los ataques y amenazas. “Sabemos quiénes son los agresores, pero nadie los toca. Hay intereses políticos detrás de todo esto”, expresó Gómez Velasco.
LA HERIDA ABIERTA DE CHENALHÓ
El caso de Santa Marta no es aislado. Desde hace más de dos décadas, Chenalhó y sus comunidades vecinas han sido escenario de violencia recurrente por conflictos territoriales, principalmente con Aldama. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, al menos cuatro mil personas han sido desplazadas en la última década por agresiones similares.
Estos conflictos tienen su origen en disputas agrarias no resueltas desde los años 70, cuando la delimitación de tierras comunales generó enfrentamientos entre comunidades tsotsiles que se consideran legítimas propietarias de las mismas parcelas. Con el paso del tiempo, la disputa escaló y derivó en la formación de grupos armados que hoy controlan amplias zonas de la región, donde el Estado tiene una presencia mínima o nula.
A pesar de múltiples denuncias, operativos y promesas de pacificación, los ataques continúan. En varias ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido recomendaciones a las autoridades chiapanecas por su falta de acción frente al desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas. No obstante, las víctimas aseguran que los documentos “solo se quedan en el papel”.
UN CAMPAMENTO EN RESISTENCIA
En el campamento instalado frente al Palacio de Gobierno, el día transcurre entre la esperanza y la incertidumbre. Las mujeres preparan alimentos colectivos, los hombres conversan sobre estrategias y los niños asisten a clases improvisadas bajo una lona.
“Aquí no tenemos otra cosa más que esperar. Pero no nos iremos hasta que el gobernador nos escuche directamente”, insistieron los desplazados. Han dejado claro que no aceptarán diálogo con funcionarios intermedios ni comisiones sin poder de decisión.
“Queremos hablar con el gobernador y con el fiscal general. No queremos promesas, queremos compromisos firmados y reales. Exigimos justicia verdadera, no simulacros. Nacer en extrema pobreza no debe ser sinónimo de injusticia”, concluyó Gómez Velasco.
Mientras tanto, el plantón se fortalece con el paso de los días. Diversas organizaciones civiles y colectivos solidarios de Tuxtla Gutiérrez han comenzado a llevar víveres y cobijas para apoyar a las familias, quienes aseguran estar dispuestas a permanecer “el tiempo que sea necesario”.
En medio del ruido del tráfico y los murmullos de la plaza central, las voces de Santa Marta se alzan contra el silencio oficial. Para ellos, resistir ya no es una opción, sino una forma de sobrevivir.
El desplazamiento forzado en Chiapas se ha convertido en uno de los problemas humanitarios más graves del estado. Según datos de la organización Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), más de 14 mil personas han sido desplazadas en la última década debido a conflictos agrarios, religiosos y políticos. Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán y Pantelhófiguran entre los municipios con mayor número de víctimas.
Los desplazados suelen vivir en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y sin seguridad jurídica sobre su situación. A pesar de que México cuenta con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, su implementación en Chiapas sigue siendo deficiente. Las comunidades afectadas reclaman la ausencia de un plan integral que garantice justicia, reparación y retorno digno.
En ese contexto, la historia de Santa Marta se suma a una larga lista de comunidades que claman por reconocimiento y justicia.
Y aunque su plantón podría pasar desapercibido entre los trámites cotidianos del Palacio de Gobierno, sus voces siguen resonando como un recordatorio de que la paz en Los Altos de Chiapas sigue siendo una deuda pendiente.
