La reforma enlista por primera vez un catálogo de conductas prohibidas y sanciones
PORTAVOZ/AGENCIAS
Los funcionarios que interfieran en las decisiones de los sindicatos podrán ser suspendidos, destituidos o inhabilitados por hasta 20 años, además de enfrentar multas y otras sanciones.
Esa es la reforma que aprobó por unanimidad la tarde de este miércoles el Senado de la República.
Los cambios aprobados a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas buscan prevenir, investigar y sancionar la injerencia de servidores públicos en la vida interna de los sindicatos, sus elecciones o su administración.
La reforma —presentada por el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y senador por Morena, Alfonso Cepeda Salas—, enlista por primera vez un catálogo de conductas prohibidas y sanciones para los funcionarios.
En la exposición de motivos, la iniciativa advierte que, si bien la ley laboral ya protege a los sindicatos de la injerencia de los patrones, no existía una regulación específica contra la interferencia de las personas servidoras públicas.
La reforma crea el artículo 69 Bis en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el que hace explícito que los sindicatos estarán protegidos contra la injerencia de personas servidoras públicas y considera como una falta administrativa grave cualquier violación a esta disposición.
Entre las 19 acciones que constituyen esas faltas están coaccionar, inducir o amenazar a trabajadores para que voten por una planilla o candidato determinado; destinar fondos, bienes, vehículos o personal institucional para favorecer o perjudicar a un grupo sindical; ofrecer ascensos o condicionar permisos y licencias a cambio del apoyo o voto sindical; negar o limitar derechos o programas a los trabajadores como castigo por no apoyar a cierta opción sindical; presionar o intimidar a subordinados para que apoyen o rechacen públicamente una candidatura.
Los funcionarios que realicen esas conductas podrían enfrentar sanciones que, según la ley, incluyen la suspensión, la destitución del cargo y la inhabilitación temporal para ocupar empleos públicos.
La reforma deberá ser enviada a la Cámara de Diputados.
