La falta de seguimiento administrativo limita el uso de recursos autorizados el saneamiento del líquido vital
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, el agua es una problemática. Aunque el estado concentra el 30 por ciento del recurso hídrico superficial del país, más de la mitad de sus viviendas carecen de agua entubada dentro del hogar. Según datos de Cántaro Azul, el 52 por ciento de los hogares chiapanecos vive sin acceso directo al líquido, una carencia que se traduce en desigualdad, enfermedades y pérdida de tiempo para las comunidades que deben caminar kilómetros para conseguirlo.
En las zonas rurales, donde habita el 48 por ciento de la población estatal, la situación es más crítica, nueve de cada 10 localidades carecen de infraestructura hidráulica adecuada, y el 36 por ciento de los hogares dependen de ríos o pozos contaminados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta desigualdad afecta sobre todo a mujeres y niñas, quienes invierten hasta cuatro horas diarias en acarrear agua. El acceso desigual se convierte así en una forma de pobreza que frena la salud, la educación y el desarrollo comunitario.
A pesar de que el Congreso del Estado autorizó una deuda global de siete mil 944 millones de pesos para obras de agua potable y saneamiento, los ayuntamientos aún no han gestionado estos recursos. En contraste, la Secretaría de Hacienda federal estimó que el 45 por ciento del gasto destinado al sector hídrico en Chiapas no se ejecuta cada año. Los municipios, atrapados entre la burocracia y la falta de planeación, mantienen a miles de familias en un ciclo de escasez y desatención.
En la capital, la crisis también se hace visible. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, perdió cerca del 40 por ciento del agua que bombea por fugas y deficiencias en la red, lo que deja a más de 100 colonias sin servicio constante, según la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Mientras tanto, Tuxtla Gutiérrez es una de las 10 ciudades mexicanas con mayor desperdicio de agua tratada.
El desafío en la comarca no está en los ríos que posee, sino en la voluntad de hacerlos llegar a los hogares. Con más de 5.6 millones de habitantes, el estado enfrenta un futuro incierto si no se transforma la gestión del agua en una política pública sostenible. Cántaro Azul y otras organizaciones insistieron en que el derecho al agua debe garantizarse desde la comunidad, no desde la retórica institucional.
