Aseguró que la iniciativa se dictaminará ‘con mucha prudencia y mucho cuidado’
PORTAVOZ/AGENCIAS
El líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que el proyecto de reforma constitucional sobre la revocación de mandato, que posibilitaría su realización en las elecciones intermedias de 2027, podría aprobarse a fin de año o en febrero de 2026, dentro del segundo periodo ordinario de sesiones.
Señaló que la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el morenista Leonel Godoy Rangel revisará el establecimiento de un mecanismo que permita mayor discusión y deliberación sobre la revocación de mandato.
“Puede salir a final del año la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar o puede esperarse hasta el segundo periodo ordinario, que inicia el primero de febrero, pero no nos vamos a precipitar. Como ayer lo dije, vamos a esperar que haya una discusión más amplia y que la sociedad sepa de lo que se trate de la revocación de mandato”, dijo.
Descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a presentar una iniciativa sobre el tema, y dijo que se dictaminará la de Ramírez Cuellar “con mucha prudencia y mucho cuidado”, y con una “discusión amplia sobre el tema”.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada morenista y autor de la iniciativa, Alfonso Ramírez Cuellar, dijo que esperará el plan que presente Godoy Rangel para la discusión de la reforma, aunque aclaró que “de que va la reforma, va”.
“Queremos encontrar los puntos de coincidencia con el resto de los grupos parlamentarios. A mí me gustaría mucho que fuera en este periodo”, dijo.
El lunes, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso hasta nuevo aviso la reunión en la que se discutiría el proyecto de reforma constitucional, a solicitud de Monreal, con el fin de buscar acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios.
“No queremos que se piense que hay un albazo, que queremos sacarlo solos, sino que entre todos hagamos un esfuerzo por enriquecer la propuesta”, dijo, al tiempo que planteó la posibilidad de que la Comisión convoque a mesas de análisis.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
El dictamen modifica los requisitos para solicitar una consulta de revocación de mandato y las fechas para su realización, de modo que, en caso de concretarse, coincidiría con las elecciones intermedias de 2027.
Entre los principales cambios propuestos, se establece que las consultas populares ya no se realizarían el primer domingo de agosto, como ocurre actualmente, sino el primer domingo de junio, con el fin de hacerlas coincidir con los procesos electorales ordinarios.
En cuanto a la revocación de mandato de la persona titular de la Presidencia de la República, la reforma plantea ajustes tanto en los plazos como en la forma de llevarla a cabo. Actualmente, este proceso puede solicitarse dentro de los tres meses posteriores al tercer año del periodo constitucional; con la modificación, podrá pedirse dentro de los seis meses previos a la conclusión del tercer año.
Además, se propone que la votación para la revocación se realice el mismo día y durante la jornada electoral intermedia, en la que se eligen diputadas y diputados federales, a diferencia del esquema vigente que establece un proceso separado en una fecha distinta.
El proyecto establece que la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Además, se eliminarían las normas que contradigan lo aprobado y el Congreso tendría 180 días para hacer los cambios necesarios en la ley.
METER A SHEINBAUM EN LA BOLETA: ALCOCER
La decisión de posponer el análisis ocurre en medio del debate por las implicaciones políticas de la reforma. El analista en temas electorales Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, advirtió que adelantar la consulta “no tiene otra finalidad que meter a la presidenta Sheinbaum en la boleta y permitir que Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador realicen proselitismo desde el año que entra”.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Alcocer consideró que se trata de “iniciar campaña para 2027 desde ahora”, al empatar la revocación con un proceso electoral “complejo” que incluirá elecciones federales, 17 gubernaturas, 31 legislaturas locales y más de mil 700 ayuntamientos, además de la elección de magistrados del Poder Judicial de la Federación.
El especialista calificó la propuesta como una “estratagema” que aprovecharía una “curiosa coincidencia”: la exigencia constitucional de que la solicitud de revocación sea respaldada por el tres por ciento del padrón electoral distribuido en al menos 17 estados, los mismos donde se renovarán las gubernaturas ese año.
Asimismo, desestimó el argumento de que la medida busca ahorrar recursos al empatar la consulta con la elección ordinaria. “Si no quieren gastar ese dinero, pues que no promuevan que haya revocación de mandato”, afirmó, al subrayar que el ejercicio “no es obligatorio” y solo se convoca si se cumplen los requisitos ciudadanos.
Alcocer recordó que en 2019 fue la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien advirtió al presidente López Obrador que hacer coincidir la consulta con una elección violaría el artículo 134 constitucional, que prohíbe a los servidores públicos influir en la competencia electoral.
El analista calificó la iniciativa como “un atropello” y “un ladrillo más en ese edificio de autoritarismo” que, en su opinión, busca “asegurar su mayoría al costo que sea”.
