Intensificó el enfrentamiento con el Gobierno de coalición liderado por Donald Tusk
PORTAVOZ/AGENCIAS
Nawrocki, alineado con el partido conservador de la oposición Ley y Justicia (PiS), justificó su rechazo porque los nuevos magistrados “cuestionan el orden constitucional y legal de la República de Polonia” y apoyó su veto en el derecho que le otorga una sentencia del Tribunal Constitucional de 2012.
En un comunicado publicado en Internet, el presidente escribió: “me niego a nombrar a estos 46 jueces”. Y agregó: “Esto ya no es solo una señal verbal, sino una decisión concreta de no aceptar más nominaciones”.
Nawrocki subrayó que tampoco concederá ascensos ni dará su aprobación en general a aquellos magistrados que “escuchan los malos consejos del ministro de Justicia, (Waldemar) Żurek, quien alienta a los jueces a cuestionar el orden constitucional y legal de la República”.
Agregó finalmente que durante los cinco años que durará su mandato, asumido este verano, “ningún juez que cuestione las facultades constitucionales del presidente, de la Constitución polaca y del sistema legal polaco puede contar con una nominación”.
Esta situación creada agudiza aún más la crisis judicial que atraviesa Polonia desde que, en 2015, el anterior Gobierno del PiS implantó una reforma que politizó al Consejo Nacional de la Judicatura (KRS) al supeditar el nombramiento, cese y gestión disciplinaria de los jueces al Ejecutivo.
El actual Gobierno del primer ministro Donald Tusk ha prometido “despolitizar” el KRS, dando a los jueces la potestad de nombrar a los miembros del consejo y fijando requisitos de experiencia, además de limitar el acceso de los magistrados nombrados bajo el anterior Gobierno al Tribunal Supremo.
El presidente Nawrocki se ha mostrado en contra de cualquier “purga o trato discriminatorio hacia los jueces” designados bajo la reforma de 2015 y ha advertido que usará su veto contra las leyes que cuestionen el estatus de estos magistrados.
El resultado es un choque institucional prolongado, con reformas del Ministerio de Justicia aprobadas por el Gobierno, pero bloqueadas por el presidente, lo que mantiene abierta una profunda crisis del Estado de derecho en Polonia, mientras el presidente y el primer ministro se acusan mutuamente de ir contra el orden constitucional del país.
