El proveedor afectado denunció incumplimiento reiterado de pagos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El ayuntamiento de Cintalapa de Figueroa vivió este martes una acción legal sin precedentes: vehículos oficiales fueron embargados para saldar un adeudo de cerca de 200 mil pesos con un proveedor de materiales pendiente desde 2017. La medida se concretó tras la orden judicial emitida por el juez primero especializado en juicio oral mercantil y evidenció la falta de pago de la administración encabezada por Ernesto Cruz Díaz.
Según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Cintalapa registró un índice de 35 por ciento de municipios con rezago en cumplimiento de obligaciones mercantiles y financieras, lo que sitúa al ayuntamiento entre los que han enfrentado conflictos legales por deudas acumuladas. El proveedor afectado había advertido en varias ocasiones sobre el incumplimiento antes de acudir a la vía judicial.
La intervención no estuvo exenta de resistencia, personal del ayuntamiento intentó bloquear el paso de la grúa al cerrar calles, y fue necesaria la presencia de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado para garantizar la ejecución del embargo. Datos del Tribunal Superior de Justicia del Estado indicaron que el 28 por ciento de los embargos ejecutados en Chiapas durante 2024 correspondieron a entidades municipales o estatales morosas, lo que reflejó un patrón de incumplimiento recurrente.
El abogado del demandante destacó que el adeudo y la negativa de pagos previos reflejaron un mal manejo administrativo y financiero. Estudios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalaron que el 42 por ciento de los municipios chiapanecos presentan observaciones por auditorías de egresos no justificados, lo que refuerza la percepción de opacidad en la gestión de recursos públicos. La acción legal concluyó con la grúa que retiró la camioneta Volkswagen que permanecía en poder del ayuntamiento.
Especialistas en administración municipal advirtieron que estos procesos judiciales no solo afectan la reputación institucional, sino que también impactan la percepción de confianza de proveedores y ciudadanía. Según cifras del Inegi, el 31 por ciento de los habitantes de Cintalapa reportófalta de transparencia en la gestión local, mientras que el 27por ciento señaló retrasos en servicios por problemas financieros del municipio, un reflejo directo de la problemática que derivó en el embargo de este martes.
La morosidad y negativa de su cumplimiento reflejaron un mal manejo administrativo y financiero
PF
