El fin del programa dejaría sin respaldo institucional a mujeres en peligro extremo en todo Chiapas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La eventual desaparición del Programa de Refugios en el presupuesto federal de 2026 abrió un frente crítico en Chiapas, donde los dos únicos espacios civiles podrían cerrar en menos de un año. En un estado que arrastra altos niveles de violencia de género, la ausencia de estos centros no sería solo un ajuste presupuestal, sino el desmantelamiento de la única vía segura para mujeres en riesgo extremo.
Para la fundadora de la Organización por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, el panorama es más grave de lo que parece. Recuerda que la operación de un refugio exige profesionales con título, cédula y experiencia, requisitos establecidos en lineamientos federales que se sostienen con recursos públicos. Según reportes que año con año presenta el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, más del 85 por ciento del presupuesto operativo de los refugios del país depende de fondos federales, lo que vuelve imposible sostenerlos sin ese respaldo.
Las estadísticas oficiales confirmaron la urgencia. Registros del Secretariado Ejecutivo indicaron que el estado supera las 22 mil denuncias anuales por violencia familiar, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportóque siete de cada 10 mujeres en el estado han sufrido algún tipo de violencia. Además, datos de la Red Nacional de Refugios mostraron que el 90 por ciento de las mujeres que ingresan a un refugio lo hace tras agresiones físicas o sexuales, lo que evidenció la función vital de estos espacios.
La demanda supera con creces la capacidad. El refugio de Tapachula tiene espacio para 30 personas, pero opera con sobrecupo gran parte del año. A nivel nacional, informes de atención señalaron que el 40 por ciento de las mujeres que buscan refugio en zonas de alto riesgo no encuentra cupo inmediato, una tendencia que podría empeorar si la comarcapierde sus dos centros civiles. Sin esos espacios, los procesos jurídicos, psicológicos y de protección quedarían truncos para decenas de familias en riesgo.
Simón Ortega insistió en que la incertidumbre presupuestaria es inédita, las organizaciones que conocen su asignación en septiembre siguen sin información sobre 2024, 2025 ni 2026. Afirmó que han pedido respuestas a legisladoras y legisladores, pero no existe claridad sobre la permanencia del programa. De no revertirse la decisión, el estado dejaría vulnerables a mujeres e infancias por igual.
