Más de siete millones de hablantes indígenas requieren garantías reales en los tribunales
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La justicia mexicana carga con un vacío que compromete su legitimidad, la ausencia de traductores en lenguas indígenas dentro de los procesos legales. Aunque la Constitución reconoció este derecho, en la práctica miles de personas enfrentan audiencias sin comprender lo que sucede. En Chiapas, donde la diversidad lingüística es amplia, esta carencia se vuelve estructural. El sistema judicial opera bajo una lógica monolingüe. Y esa omisión coloca a comunidades enteras en una situación de indefensión.
Los datos oficiales lo confirmaron. En México, más de siete millones de personas hablan una lengua indígena, pero existen apenas 850 intérpretes certificados a nivel nacional. En la comarca operan menos de 40 traductores para miles de procesos anuales. Informes judiciales indicaron que tres de cada 10 casos penales en zonas rurales involucran a personas monolingües. La brecha es demasiado grande para considerarse un problema secundario. Es una falla sistémica que afecta decisiones legales.
La falta de traductores no solo impide la comprensión, también altera el rumbo de los juicios. Sin acompañamiento lingüístico, el acusado no entiende cargos, términos o consecuencias legales. Muchos intérpretes trabajan bajo honorarios, sin estabilidad ni capacitación continua, lo que limita su alcance. En regiones tsotsiles o tseltales, esto deriva en audiencias incompletas o decisiones cuestionables. La desigualdad se acentúa cuando la lengua se convierte en un filtro de acceso.
Organizaciones y especialistas advirtieron que el sistema judicial trata la diversidad lingüística como un obstáculo y no como un principio. Los organismos de derechos humanos han documentado que uno de cada cuatro expedientes revisados presenta irregularidades vinculadas con ausencia de traducción. Esto provoca retrasos, sanciones anulables y mayor desconfianza hacia las instituciones. La justicia pierde fuerza cuando no garantiza comprensión plena.
Garantizar intérpretes indígenas no es un gesto cultural, es un pilar del acceso efectivo a la justicia. Para cumplir con la Constitución se requiere profesionalizar, contratar y consolidar una red suficiente de traductores. Si este vacío permanece, miles de personas enfrentarán procesos que no hablan su idioma. En un país pluricultural, la justicia debe pronunciarse en todas sus lenguas. Solo entonces podrá considerarse igualitaria, accesible y verdadera.


































