Chiapas concentra una de las mayores diversidades lingüísticas del país, pero el sistema legal opera sin intérpretes suficientes
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
En Chiapas, la diversidad lingüística convive con un sistema de justicia que todavía opera bajo una lógica monolingüe, aunque el estado concentra una de las mayores poblaciones indígenas del país, el derecho a comprender y ser comprendido sigue dependiendo del azar institucional. La ausencia de intérpretes no es un error técnico, si no es una barrera estructural que condiciona procesos legales desde el primer contacto con la autoridad.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 1.6 millones de personas en la entidadhablan una lengua indígena, lo que representó cerca del 28 por ciento de su población total, muy por encima del promedio nacional, sin embargo, datos del Poder Judicial del Estado indicaron que menos del 10 por ciento de los juzgados cuenta con protocolos permanentes de atención lingüística, lo que convierte el acceso a la justicia en una experiencia desigual desde el inicio.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha documentado que la comarca dispone de solo 13 intérpretes certificados en materia de justicia, frente a una demanda potencial que se extiende a miles de procesos anuales, a escala nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido que tres de cada 10 personas indígenas privadas de la libertad enfrentaron su proceso sin traducción adecuada, un patrón que se replica con mayor fuerza en entidades del sur del país.
Esta exclusión no se limita al ámbito penal, pues registros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señalaron que más del 70 por ciento de la población indígena en el territorio vive en condiciones de pobreza, lo que agrava la dificultad para acceder a trámites civiles, agrarios o de salud cuando no existe acompañamiento lingüístico, la lengua, en estos contextos, se convierte en un filtro que decide quién accede a derechos y quién queda fuera del sistema.
Especialistas advirtieron que mientras el Estado trate la pluralidad lingüística como un problema operativo y no como una obligación constitucional, la justicia seguirá siendo parcial. La diversidad cultural estatal no es una excepción que deba administrarse, sino una realidad que exige integración institucional, sin intérpretes suficientes, presupuestos adecuados y políticas eficaces, la justicia continuará sin llegar de manera homogénea.


































