Sin aviso previo y bajo custodia federal, decenas de elementos de seguridad fueron retirados de sus puestos para evaluación
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
El combate contra la delincuencia y la inseguridad ha sido uno de los compromisos más fuertes de la actual administración chiapaneca. El implementar estrategias de monitoreo constante a las instituciones y funcionarios que deberían velar por el bienestar de la ciudadanía ha logrado hitos como lo ocurrido en Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas, donde tres comandancias de policías se encuentran bajo investigación.
El despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales reveló que la estrategia de control ya no se limita a patrullajes o retenes, sino que apuntó a depurar estructuras completas. En un estado donde la ola de violencia se encontró desbordada en distintos municipios, la revisión masiva del cuerpo policiaco sugirió que la autoridad considera un riesgo la posible colaboración de las fuerzas del orden con células delictivas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, más del 76 por ciento de los chiapanecos expresó desconfianza en la policía estatal. A ello se suma que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas registró en 2024 más de tres mil carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, un incremento superior al 20 por ciento respecto al año previo.
El Censo Nacional de Gobiernos Estatales del Inegi indicó que solo seis de cada 10 policías estatales en la comarca cuentan con certificación vigente de control de confianza, mientras que el promedio nacional es de 7.5. Además, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señalaron que siete de cada 10 municipios del estado presentan condiciones de vulnerabilidad social alta, un entorno que facilita la compra de cuerpos de seguridad.
Más allá del traslado de los 157 elementos de seguridad, el vaciamiento de las comandancias abrió un panorama de depuración que permitirá reconstruir legitimidad, pero el impacto inmediato deja a comunidades enteras bajo una sensación de incertidumbre. Los familiares de los detenidos aseguraron que el operativo se hizo sin comunicación previa y no permitieron que tuvieran comunicación. Mientras tanto, las autoridades argumentaron que es un plan de trabajo basado en los principios de legalidad y honestidad.
