La maternidad no fue una elección, sino una consecuencia impuesta
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Una niña de 13 años lucha por recuperarse después de enfrentar uno de los procesos más riesgosos que puede vivir una persona en condiciones de extrema vulnerabilidad: un embarazo y parto para los que su cuerpo no estaba preparado. El caso ocurrió en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, donde la menor, identificada como Deysi “N”, fue ingresada de emergencia tras presentar complicaciones severas durante el alumbramiento, lo que obligó a su traslado a terapia intensiva en el Hospital de las Culturas.
De acuerdo con reportes médicos y autoridades estatales, el organismo de la adolescente no contaba con el desarrollo físico necesario para soportar un parto. Su bajo peso —menos de 40 kilogramos— y su estatura —poco más de un metro 20 centímetros— evidenciaban el riesgo extremo. El pronóstico inicial fue catalogado como delicado y durante horas su vida estuvo en peligro. El estado de salud del recién nacido también fue reportado como grave a consecuencia de las dificultades presentadas al nacer.
El caso se hizo público cuando el personal médico solicitó apoyo urgente ante la gravedad de la situación. En ese contexto, una persona de 17 años acudió al área de urgencias afirmando ser su pareja y esposo, lo que activó la atención inmediata de instancias de procuración de justicia.
Ante la posible comisión de delitos en agravio de una menor de edad, la Fiscalía General del Estado de Chiapas zona indígena confirmó la apertura de una carpeta de investigación. El Ministerio Público inició diversas líneas de indagatoria, incluyendo análisis clínicos y diligencias ministeriales para determinar si la menor fue víctima de violación, abuso sexual, agresiones físicas o amenazas.
Posteriormente, la Fiscalía informó mediante un comunicado que tanto la adolescente como el recién nacido se encontraban estables y fuera de peligro, luego de haber presentado complicaciones derivadas de un contagio de sarampión, lo que motivó su traslado del Hospital de la Mujer al Hospital de las Culturas. Sin embargo, el hermetismo oficial persiste y la investigación continúa abierta.
De manera preliminar, las autoridades dieron a conocer que la madre, de 13 años, y el padre, de 17, cohabitan con el consentimiento de los padres de ambos, bajo un acuerdo avalado por autoridades tradicionales y justificado por “usos y costumbres”. No obstante, la Fiscalía de Justicia Indígena mantiene la integración de la carpeta correspondiente para esclarecer los hechos conforme a la ley vigente.
El caso tiene su origen en el municipio de San Juan Chamula, una de las regiones indígenas de Los Altos de Chiapas, donde el matrimonio y la convivencia conyugal de menores continúa ocurriendo pese a la prohibición legal expresa.
De acuerdo con los primeros reportes, no existe denuncia por parte de las familias por presunta violación o abuso sexual, puesto que ambas acordaron la unión de los menores con el consentimiento familiar y comunitario.
En un inicio, incluso se manejó la versión de que la niña tenía 10 años, debido a que no fue registrada al nacer, una práctica común en comunidades indígenas que agrava la invisibilización de la infancia y dificulta la intervención institucional.
Tras la denuncia realizada por el área de Trabajo Social del hospital ante la Fiscalía General del Estado, el joven que se presentó como su esposo desapareció, generando incertidumbre sobre su paradero y su posible responsabilidad penal. Aunque el consentimiento familiar haya existido, la legislación mexicana no contempla excepciones por usos y costumbres cuando se trata de proteger a niñas y niños.
Cabe recordar que en Chiapas el matrimonio infantil ya se castiga penalmente con sanciones que van de ocho a 15 años de prisión. A nivel nacional, el matrimonio infantil está prohibido desde la entrada en vigor de reformas al Código Civil Federal y a las legislaciones estatales, que fijaron los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones.
El artículo 148 del Código Civil Federal establece que solo quienes hayan cumplido la mayoría de edad pueden casarse legalmente en México. Asimismo, el artículo 209 Quáter del Código Penal Federal tipifica el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años y señala que las penas pueden aumentar cuando la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.
Las sanciones alcanzan no solo a quienes obligan o facilitan el matrimonio infantil, sino también a familiares y autoridades que lo consientan o sean omisas en su deber de impedirlo.
En el mismo sentido, el embarazo infantil es considerado, en la mayoría de los casos, resultado de abuso sexual o violencia. El Código Penal Federal y los códigos estatales establecen penas de seis a 20 años de prisión para los responsables de abuso sexual o violación de menores. Además, las instituciones de salud están obligadas a notificar al Ministerio Público cuando atienden a niñas o adolescentes embarazadas, lo que activa protocolos de protección.
Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles. De acuerdo con datos del INEGI, en 2025 se registraron 757 nacimientos correspondientes a niñas de entre 10 y 14 años. Esta cifra coloca a la entidad como el epicentro de una crisis que se repite año con año, particularmente en comunidades indígenas de la región de Los Altos.
La situación no es nueva. Organizaciones civiles, informes oficiales y trabajos periodísticos han documentado durante años cómo el embarazo infantil dejó de ser una excepción para convertirse en una práctica normalizada. Bajo el argumento de los usos y costumbres, muchas de estas uniones se toleran mientras las instituciones del Estado intervienen tarde o no intervienen.
Ahí ocurre una doble falla: primero, cuando no se previene; después, cuando no se protege.
Este patrón no es exclusivo de Chiapas. En comunidades rurales de Guerrero, hospitales públicos han atendido partos de niñas de 11 y 12 años sin activar protocolos por violencia sexual. En Veracruz, una menor de 12 años embarazada por violación enfrentó obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo, pese a que la ley la amparaba. En el Estado de México, docentes detectaron embarazos en alumnas menores de 14 años sin que se activaran rutas de protección.
Son casos documentados, públicos y verificables. No se trata de errores aislados, sino de una constante: la violencia ocurre, pero el sistema no responde a tiempo.
Nombrarlas únicamente como “madres” sin contexto contribuye a la invisibilización del problema. Antes que eso, son niñas cuyos derechos fueron vulnerados. La maternidad no fue una elección, sino una consecuencia impuesta.
En 2024, el 20 por ciento de los embarazos registrados en Chiapas correspondieron a adolescentes de entre 15 y 19 años, una de las cifras más altas del país. En entrevista con Cimacnoticias, María Elena Collado Miranda, subdirectora de Gestión del Conocimiento de Ipas LAC, señaló que esta realidad evidencia la ausencia de políticas públicas de educación sexual y reproductiva con enfoque interseccional.
A una década de distancia, Chiapas no ha logrado reducir significativamente estos indicadores. En 2015, la entidad ya reportaba un 20.3 por ciento, lo que refleja un estancamiento derivado de la pobreza, las desigualdades estructurales y el abandono institucional, particularmente hacia las mujeres indígenas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en Chiapas viven 2.8 millones de mujeres indígenas y el 87.5 por ciento de los municipios donde habitan presenta un grado alto o muy alto de marginación. Esto impacta directamente en el acceso a la salud sexual y reproductiva: el 73.9 por ciento de las adolescentes no utilizó ningún método anticonceptivo.
Collado Miranda explicó que la lejanía de las comunidades rurales respecto a los centros de salud, la falta de campañas adaptadas culturalmente y los estigmas que rodean la sexualidad impiden que niñas y adolescentes accedan a información y servicios oportunos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que si se cubriera la demanda de anticonceptivos en América Latina, podrían evitarse cada año 2.1 millones de nacimientos no planificados, 3.2 millones de abortos y cinco mil 600 muertes maternas.
Prevenir el embarazo infantil no solo es una cuestión de salud pública, sino de justicia social. Implica reducir el abandono escolar, evitar la interrupción de proyectos de vida y romper el ciclo de pobreza que se perpetúa generación tras generación.
Cada embarazo infantil revela una cadena de omisiones. Cada parto forzado expone una ausencia colectiva. Y cada caso que se diluye en la estadística confirma que la falla no es individual, sino estructural.
La pregunta ya no es cuántos casos más hacen falta para conmocionar a la sociedad. La pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar para que no vuelvan a repetirse.
