Con más de la mitad de población originaria, Chiapas expuso la contradicción de un modelo que sigue sin reflejar su diversidad social
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La representación partidista ha sido cuestionada por los grupos comunitarios chiapanecos, puesto que aseguran, son ellos quienes por historia han sostenido al país y que prueba de ello es su densa población como la existente en Chiapas. La propuesta de desmontar un sistema privilegiado que excluye a los pueblos originarios fue expuesta por el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
La fuerza del argumento se sostuvo en datos que el sistema político suele pasar por alto, en la comarca, cerca del 59.4 por ciento de la población se reconoce como indígena, lo que equivale a más de 3.3 millones de personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aello se suman más de 50 mil personas que se reconocen como afromexicanas, una presencia social que permanece ausente en los espacios de decisión pública.
La brecha se vuelve más visible al observar que 1.45 millones de personas mayores de tres años hablan alguna lengua indígena en el estado, es decir, 28.2 por ciento de ese grupo poblacional, una cifra que mostró formas propias de organización política y toma de decisiones, a nivel nacional, el contraste persiste, dado que, 23.2 millones de personas se identifican como indígenas, casi una quinta parte de la población del país, según el mismo censo, sin que esa proporción se refleje en los congresos.
Desde esa realidad, el CNPI sostuvo que el problema no es la falta de participación, sino la imposición de reglas ajenas a la vida comunitaria, la actual arquitectura electoral opera bajo una lógica individual y partidista que desconoce la legitimidad de las asambleas, los consensos colectivos y los sistemas normativos propios, incluso después de que la Constitución reconoció a los pueblos como sujetos de derecho público.
La propuesta, entonces, no se limitó a abrir espacios simbólicos, sino a replantear quién decide y cómo se decide. Garantizar candidaturas surgidas desde las comunidades, reconocer elecciones bajo sistemas normativos indígenas y asegurar presencia real en congresos federales y locales implicaría, en los hechos, aceptar que la democracia mexicana no puede seguir construyéndose sin los pueblos que representan una parte sustancial de su población y su historia.
