Los ataques físicos y digitales mostraron una violencia diversificada que busca controlar, intimidar y desacreditar a voces críticas
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
La violencia como acto de censura ante los cuestionamientos de poder y abuso se han convertido en una constante en el gremio periodístico y de los defensores de derechos humanos. En Chiapas, tan solo en los últimos 11 meses se documentaron 99 atentados, dato que muestra la vulnerabilidad de aquellos que su única labor es informar y defender. Hoy día las intimidaciones se normalizan y son vistas como un gaje del oficio, sin embargo, esto permea cada vez más en el tejido social que se encuentra ligado a conflictos territoriales.
En ese sentido, el 62 por ciento de las agresiones fueron contra mujeres defensoras, en especial aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y los derechos de las mujeres. Esta tendencia coincidió con cifras oficiales que ubicaron a la entidad entre los estados con mayor número de conflictos agrarios activos del país y con altos índices de violencia de género en espacios comunitarios y políticos.
La naturaleza de los ataques confirmó que no se trata de hechos fortuitos, puesto que el 85 por ciento de las agresiones fueron con intención clara de inhibir, castigar o censurar. Además, el 62 por ciento correspondió a agresiones físicas y el 38 por ciento a ataques digitales, un reflejo de cómo la violencia se adapta y se expande también en el entorno virtual, donde la difamación y la vigilancia se han vuelto herramientas recurrentes.
Las figuras vinculadas con este tipo de delitos son funcionarios estatales, autoridades gubernamentales y personas ligadas a células delictivas, mismas que representan un riesgo latente contra los principios de libre comunicación. Conforme a registros oficiales federales, más del 40 por ciento de las agresiones a periodistas en la comarca, son efectuados por los agresores antes mencionados y al encontrarse ligados al sistema estatal, los mecanismos de protección se ven vulnerados.
Frente a este escenario, el trabajo del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en la regiónbuscó documentar, sistematizar y dar contexto a la violencia. Se trata de preservar memoria, identificar patrones y advertir que, mientras la violencia siga siendo una constante sin consecuencias, ejercer el periodismo y la defensa de derechos en el estado continuará siendo una actividad de alto riesgo.
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62 por ciento de cosas fueron contra defensoras, en especial aquellas vinculadas a la defensa de la tierra, territorio y derechos de las mujeres
