La sobreexplotación del agua subterránea en México ha pasado de ser una señal de alerta a una condición normalizada
PORTAVOZ/AGENCIAS
El agua subterránea es uno de los recursos naturales más relevantes para el desarrollo social y económico de México. Sin embargo, este recurso enfrenta desde hace décadas un deterioro progresivo y poco visible: la sobreexplotación, un proceso que ocurre cuando la extracción de agua supera su capacidad natural de recarga.
Sus efectos, aunque subterráneos, se hacen visibles en la superficie en forma de hundimientos, mayores costos de abastecimiento y conflictos entre usuarios. Especialistas advierten que el problema no radica solamente en cuánta agua se extrae, sino también en una gestión que ha ignorado la dinámica física real del agua subterránea, de la que dependen ciudades, agricultura e industria.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. En 1975 se reconocían 32 acuíferos sobreexplotados en el país; para 1981 eran 36. Tres décadas después, en 2011, la cifra se triplicó hasta llegar a 102. En 2022 se contabilizaron 111 y, en 2023, el número ascendió a 114.
La tendencia revela que la sobreexplotación se ha convertido en un fenómeno estructural que avanza año con año y que plantea riesgos reales para la seguridad hídrica nacional.
PRESIÓN CONCENTRADA EN REGIONES CLAVE
La explotación intensiva del agua subterránea en México comenzó alrededor de 1930, impulsada por la necesidad de abastecer a la Ciudad de México y por el desarrollo agrícola en regiones áridas, donde las fuentes superficiales resultaban insuficientes ante el aumento de la demanda.
Hoy, la sobreexplotación no se distribuye de manera uniforme en el territorio. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los acuíferos más afectados se concentran en regiones estratégicas como Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, el Noroeste y la Península de Baja California.
Estas zonas coinciden con los principales polos agrícolas, industriales y urbanos del país y concentran alrededor del 58 por ciento del total del agua subterránea que se extrae para todos los usos.
Esta presión explica los descensos sostenidos del nivel freático, el aumento de los costos energéticos para el bombeo y los conflictos crecientes entre usuarios, particularmente en el norte y centro del país.
MÁS ALLÁ DEL VOLUMEN EXTRAÍDO: EL PROBLEMA DE LA GESTIÓN
Para Carmen Julia Navarro, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y especialista en el estudio de acuíferos en México, la sobreexplotación no se explica únicamente por el incremento en las extracciones autorizadas.
“Esta situación no se debe solo a que se saque más agua, sino a cómo se ha gestionado históricamente el agua subterránea en el país”, señaló en entrevista.
Navarro advirtió que el concepto mismo de sobreexplotación, lejos de funcionar como una señal de alerta temprana, se ha normalizado y ha perdido valor operativo dentro de la política hídrica.
NO SON PRESAS: UN ERROR PERSISTENTE
Desde la década de 1970, México comenzó a gestionar sus acuíferos a partir de balances anuales que relacionan precipitación y extracción. Para Navarro, este enfoque representó un avance importante en su momento, pero ya ha quedado rebasado.
“Fue un gran inicio porque no había nada, pero esa evolución se quedó muy corta e insuficiente”, explicó.
Uno de los errores centrales ha sido tratar a los acuíferos como si fueran presas. “En una presa sabes cuánto tienes almacenado y cuánto puedes sacar; en un acuífero solo supones que entra tanto por la precipitación, pero no lo estás observando de forma tangible”, señaló.
Además, insistió, la respuesta de recarga de los acuíferos no es inmediata. “Hay algunos que responden de forma anual, pero la mayoría no. El agua que llega hoy al acuífero puede haber tardado cinco o 10 años en infiltrarse”, explicó.
Esta falta de sincronía lleva a sobreestimar la recarga y a seguir autorizando volúmenes que, en términos físicos, ya no existen.
Una investigación publicada en 2022 por la ingeniera Ana Carolina Quiroz coincide con este diagnóstico al señalar que la rápida explotación no permite la recuperación del nivel del agua subterránea, lo que conduce a una disminución constante del almacenamiento del acuífero.
DEPENDENCIA CRECIENTE
La sobreexplotación también está asociada a la alta dependencia del país respecto al agua subterránea. “Casi el 80 o 90 por ciento del agua para consumo humano proviene de los acuíferos”, advirtió Navarro.
Quiroz documentó que la explotación intensiva se ha convertido, además, en una práctica común para atender problemas de abastecimiento cada vez más frecuentes, como la escasa disponibilidad de aguas superficiales, la baja eficiencia en la distribución y el incremento de las demandas agrícolas y urbanas.
En este contexto, los acuíferos han funcionado como una reserva estratégica que compensa la escasez superficial, pero sin una estrategia clara que garantice su sostenibilidad a largo plazo.
Otro factor que agrava el problema es la gestión fragmentada del recurso. “El operador de un pozo ve lo que le pasa a su pozo, pero no lo que le ocurre al acuífero en su conjunto”, explicó Navarro.
Ante el descenso del nivel del agua, la respuesta inmediata suele ser profundizar el pozo o perforar uno nuevo. “Se asume que si seguimos profundizando seguirá saliendo agua, aunque el costo energético sea mayor”, advirtió.
Esta lógica, dijo, refuerza la idea de que el recurso es inagotable, cuando en realidad se está minando su almacenamiento.
FACTORES QUE LA INTENSIFICAN
La sobreexplotación de los acuíferos es un problema estructural agravado por diversos factores. El cambio climático ya está modificando los patrones de precipitación y su distribución espacio-temporal, afectando la recarga tanto de aguas superficiales como subterráneas.
La sequía, por su parte, se manifiesta como una insuficiencia temporal de agua y reduce la recuperación de los recursos hídricos. A ello se suma la expansión agrícola, especialmente en zonas áridas y semiáridas, donde agricultores han perforado numerosos pozos por iniciativa y financiamiento propios para asegurar el riego.
El crecimiento poblacional también incrementa la presión, al aumentar la demanda de agua potable y de alimentos, lo que se traduce en mayores requerimientos agrícolas. Además, existen factores menos visibles, como las extracciones clandestinas, la falta de supervisión efectiva y el incumplimiento de la legislación vigente.
IMPACTOS VISIBLES DE UNA CRISIS INVISIBLE
A lo largo de los años, la sobreexplotación ha provocado el descenso continuo del nivel freático, el incremento de los costos energéticos de extracción, la subsidencia del terreno y alteraciones en el ciclo hidrológico, de acuerdo con Quiroz.
El Valle de México es uno de los ejemplos más claros: los hundimientos diferenciales ya afectan viviendas, vialidades y sistemas de drenaje, evidenciando que el deterioro del acuífero tiene consecuencias directas sobre la vida urbana.
Para Navarro, uno de los principales errores de la política hídrica ha sido priorizar el tipo de uso del agua por encima de su impacto físico. “No importa para qué se use el agua; lo que importa es cuánto se extrae y qué impacto genera en el acuífero”, subrayó.
La investigadora cuestionó que pequeños sistemas de agua potable estén obligados a medir volúmenes, mientras grandes usuarios agroindustriales no siempre enfrentan las mismas exigencias. “¿Cómo se puede llegar a un balance real con condiciones tan dispares?”, planteó.
Quiroz refuerza esta crítica al señalar que la disponibilidad oficial del agua subterránea presenta un alto grado de incertidumbre, debido a la dificultad de cuantificar con datos reales tanto la extracción como la recarga, especialmente en regiones áridas del país.
La sostenibilidad del agua subterránea, base del desarrollo de ciudades y comunidades enteras, también depende así de reconocer esta brecha entre la gestión administrativa y la realidad física de los acuíferos, y de corregirla antes de que el agotamiento sea irreversible.
