Sin documentos oficiales, médicos formados para la atención comunitaria permanecen imposibilitados de ejercer
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La toma pacífica del edificio de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) por egresados de Medicina Integral y Salud Comunitaria afirmó que terminar la carrera no garantiza el derecho a ejercer. El reclamo radicó en temas administrativos, y apuntó a la ausencia de títulos y cédulas profesionales tras concluir el plan de estudios. La protesta expuso una contradicción entre el discurso de acceso universal y la realidad institucional que enfrentan los nuevos médicos.
Se trata de la primera generación 2019–2025, jóvenes que cumplieron con requisitos académicos y sociales, pero quedaron atrapados en un vacío burocrático. De acuerdo con los lineamientos generales de la Secretaría de Educación Pública, ninguna profesión regulada puede ejercerse sin cédula profesional, lo que convierte el retraso en un bloqueo total al mercado laboral. En términos prácticos, es como no haber estudiado.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha documentado que solo seis de cada 10 egresados universitarios acceden a empleo formal durante su primer año, cifra que se reduce cuando existen retrasos en la titulación. Para carreras como Medicina, esta condición empuja a la informalidad o al abandono profesional temprano.
La propia Secretaría de Salud ha reconocido que México se mantiene por debajo del promedio internacional en número de médicos por habitante, en especial en regiones marginadas. Cada egresado sin cédula representa no solo una oportunidad perdida individual, sino un recurso humano desaprovechado en un sistema de salud saturado.
Los manifestantes exigieron diálogo directo con la coordinación nacional de la UBBJ y claridad en los procesos de titulación, puesto que el caso cuestionó si el modelo educativo puede prometer justicia social y si puede sostenerse si falla en garantizar el cierre administrativo de la formación profesional.
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La protesta expuso una contradicción entre el discurso de acceso universal y la realidad institucional
