La autoridad fiscal reiteró que el CFDI puede emitirse con datos básicos sin necesidad de la constancia
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Durante años, la Constancia de Situación Fiscal (CSF) se convirtió en una barrera informal entre los consumidores y su derecho a facturar, pese a no estar contemplada como un requisito legal. Hoy, esa práctica comienza a tener consecuencias, dado que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que los negocios que condicionen la emisión de facturas a la entrega de este documento pueden enfrentar sanciones económicas significativas.
La advertencia no ha sido menor, puesto que el SAT fue claro en que exigir la constancia constituye una práctica indebida prevista en el Código Fiscal de la Federación. De acuerdo con datos del propio organismo, más del 70 por ciento de las quejas relacionadas con facturación en 2024 estuvieron vinculadas a requisitos adicionales impuestos por comercios, siendo la CSF uno de los más frecuentes.
Especialistas fiscales afirmaron que el problema no radica en desconocimiento técnico, sino en una cultura de exceso de control. Según cifras del SAT, nueve de cada 10 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet se emiten de manera correcta y sin contra tiempos solo con los datos básicos del contribuyente, lo que demuestra que la constancia no es un documento obligatorio para cumplir con el timbrado bajo el esquema CFDI 4.0.
El organismo recaudador ha documentado que el 100 por ciento de las constancias cuentan con un código QR que enlaza de forma directa a su base de datos, es procedimiento permite consultar información actualizada en tiempo real. Aun así, la práctica persiste, incluso cuando las multas pueden alcanzar hasta 122 mil pesos por establecimiento que infrinja en este nuevo lineamiento.
La medida busca corregir un desequilibrio en la relación entre negocios y consumidores, puesto que, cifras de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente detallaron que cuatro de cada 10 personas han dejado de solicitar factura por las trabas impuestas al momento de comprar. Con estas sanciones, el SAT busca ordenar la facturación y frenar un protocolo que terminó por normalizar una exigencia sin sustento legal.
