Andrea Flores Mena
En Chiapas, y en buena parte del país, se ha instalado una sensación persistente que no necesita titulares para hacerse evidente: el dinero rinde menos, el esfuerzo pesa más y sostener la vida cotidiana se ha vuelto un acto de resistencia. No se trata solo de inflación, ni de cifras macroeconómicas que aparecen en informes oficiales; se trata del desgaste económico silencioso que viven las familias y los pequeños comercios, ese que no colapsa de golpe, pero erosiona día tras día.
En ciudades como Tapachula, donde convergen dinámicas fronterizas, comercio turístico y movilidad humana, el impacto es aún más visible. Los costos de renta, servicios, insumos básicos y transporte aumentan con rapidez, mientras los ingresos se estancan o crecen a un ritmo insuficiente. Para muchas familias, el salario ya no alcanza para cubrir lo elemental sin recurrir al endeudamiento; para los pequeños negocios, cada mes se convierte en una apuesta por sobrevivir un poco más.
La conversación pública ha comenzado a reconocer lo evidente: la economía cotidiana se sostiene a base de créditos informales, pagos diferidos, favores familiares y jornadas extendidas. El endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional para convertirse en una condición estructural. Tarjetas, préstamos pequeños, tandas, fiado; mecanismos que permiten seguir funcionando, pero que también prolongan la fragilidad financiera y el estrés permanente.
En este contexto, la informalidad no es una elección ideológica ni una falta de voluntad, es una estrategia de supervivencia. Muchos comercios operan sin margen para cumplir todas las obligaciones fiscales, laborales o administrativas que se les exigen, no por evasión deliberada, sino porque hacerlo significaría cerrar. La paradoja es clara: se espera que el pequeño comercio sea motor de la economía local, pero se le empuja a operar en condiciones que lo asfixian.
El impacto social va más allá del bolsillo. El desgaste económico altera las dinámicas familiares, incrementa la ansiedad, reduce el tiempo de cuidado y convivencia, y debilita el tejido comunitario. Cuando trabajar más no se traduce en vivir mejor, se normaliza el agotamiento y se posterga el bienestar como si fuera un lujo. Las mujeres, especialmente, cargan con una doble presión: sostener ingresos y absorber el trabajo de cuidados que crece cuando los recursos faltan.
Tapachula, como muchas ciudades del sur, refleja además una tensión adicional. La circulación de dinero vinculada al tránsito migrante y al comercio transfronterizo convive con una economía local que no logra fortalecerse de manera sostenida. Hay movimiento, hay consumo, pero no necesariamente estabilidad. El resultado es una economía que parece activa, pero profundamente desigual y volátil.
Hablar del desgaste económico no es victimizar, es nombrar una realidad que exige respuestas más complejas que discursos optimistas. No basta con celebrar la resiliencia de las familias y los comerciantes; la resiliencia prolongada sin apoyo se convierte en desgaste crónico. Se requieren políticas que comprendan la economía real, la que ocurre en mercados, tienditas, fondas, talleres y hogares, no solo en indicadores nacionales.
Mientras tanto, en Chiapas, miles de familias siguen haciendo lo mismo cada día: estirar el dinero, reinventar el ingreso, resistir el cierre. Trabajar ya no garantiza avanzar, apenas permite mantenerse a flote. Y una sociedad que normaliza esa condición corre el riesgo de acostumbrarse a sobrevivir, en lugar de aspirar a vivir con dignidad.











































