Grabaciones comerciales, educativas o de divulgación requieren visto bueno previo para evitar impactos negativos en la naturaleza
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) reforzó la regulación del uso de drones y filmaciones dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región Frontera Sur. La intención es garantizar que estas actividades no interfieran con los ecosistemas y especies que habitan estos espacios, muchos de ellos de alto valor ecológico y turístico.
Según datos de la CONANP, en 2025 se realizaron más de 420 solicitudes de filmación en ANP de la región, de las cuales un 18 por ciento involucró el uso de drones. Morales Hernández, analista de conservación y manejo de ANP, destacó que estos dispositivos pueden alterar comportamientos de fauna sensible, como tortugas marinas durante la temporada de anidación, lo que obliga a restringir su uso en ciertos santuarios.
La institución cuenta con 13 tipos de trámites para regular actividades dentro de las ANP, desde fines comerciales hasta científicos o educativos. Cada solicitud es evaluada técnica y de manera jurídica, y las autorizaciones tienen un plazo que va de 15 días a un mes. Morales Hernández insistió en que los trámites deben solicitarse al menos 30 días antes de la actividad para garantizar una revisión exhaustiva y descartar cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo el ecosistema local.
La CONANP recalcó que filmar sin autorización puede derivar en sanciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En promedio, 25 procedimientos anuales se canalizan hacia esta instancia, lo que respaldó la importancia de cumplir con la normativa. El costo por la autorización en 2026 asciende a 587 pesos, conforme a la Ley Federal de Derechos.
Asimismo, Morales Hernández subrayó que estas medidas buscan equilibrar el aprovechamiento de nuevas tecnologías con la preservación de la riqueza natural, puesto que los registros de la CONANP, las ANP de la Frontera Sur concentraron 42 por ciento de los humedales protegidos de Chiapas, al albergar más de 350 especies de flora y fauna, lo que convierte a la regulación en una herramienta clave para mantener la biodiversidad y el valor patrimonial de la entidad.
