La empresa operaba sin permisos de descarga y sistemas adecuados de aguas residuales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La clausura de una planta extractora de aceite de palma en Huehuetán encendió alarmas en el sector agrícola y laboral de la región. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) determinó la suspensión temporal total tras detectar irregularidades en permisos de descarga y deficiencias en el tratamiento de aguas residuales, con la intención de prevenir daños ambientales en la zona baja del municipio. La medida dejó sin ingresos a decenas de productores y trabajadores que dependen de la planta.
Aunque la empresa operaba desde hace menos de ocho años, su actividad involucraba a más de 600 productores de municipios como Villa Comaltitlán y Suchiate, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Cada cosecha entregada en esta planta representa hasta 30 toneladas de fruta procesada por semana, lo que destaca la importancia económica del sitio para la región.
La industria de palma en Chiapas cuenta con seis plantas similares en operación, que en conjunto emplean a más de mil 200 trabajadores directos, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre unidades económicas del sector agroindustrial. Expertos en desarrollo rural señalaron que la falta de cumplimiento normativo no solo afecta al medio ambiente, sino que también pone en riesgo la estabilidad laboral de comunidades enteras que dependen de esta actividad.
Autoridades ambientales explicaron que la medida se mantendrá hasta que la empresa demuestre el cumplimiento de la normatividad vigente. La PROFEPA subrayó que la inspección buscó garantizar que el 100 por ciento de las descargas de agua residual cumplan con los límites máximos permitidos, para evitar que la contaminación llegue a ríos y áreas de cultivo adyacentes. La vigilancia mostró la intención del Gobierno de equilibrar la actividad productiva con la protección de recursos naturales estratégicos.
Datos oficiales indicaron que el cultivo de palma ocupa más de 16 mil hectáreas en la entidad, al generar ingresos significativos, pero también presiones sobre ecosistemas locales. Mientras tanto, productores y trabajadores enfrentaron pérdidas económicas inmediatas, poniendo en evidencia la necesidad de soluciones que combinen sostenibilidad ambiental y viabilidad económica para garantizar que las comunidades no paguen el costo de irregularidades empresariales.
