Los embarazos en menores de edad evidenciaron fallas estructurales en protección, prevención y acceso a derechos
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Chiapas volvió a colocarse en el centro de una de las expresiones más crudas de la violencia contra la infancia, puesto que en 2024 se registraron 757 partos en niñas de entre 10 y 14 años, una cifra que lo ubicó en el primer lugar nacional. Detrás de cada nacimiento hay una historia marcada por abuso, coerción y fallas profundas del Estado para proteger a quienes deberían estar fuera de cualquier dinámica reproductiva.
La problemática de la maternidad infantil exhibe un patrón de violencia estructural que se reproduce en contextos de pobreza, desigualdad y omisión institucional. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias ha insistido en que todo embarazo antes de los 15 años debe analizarse como fecundidad forzada, una postura que dialoga con datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que ubica a la comarca como el estado con mayor porcentaje de niñas y niños viviendo en pobreza, con más del 67 por ciento en esta condición.
La Fiscalía estatal documentó cientos de investigaciones por pederastía, violación y abuso sexual en un solo año, lo que vinculó la relación directa entre violencia sexual y embarazos infantiles. A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha señalado que el estado se encuentra entre las cinco entidades con mayor tasa de delitos sexuales contra menores.
La normalización social de estos embarazos ha sido uno de los factores más corrosivos, al encubrir la violencia bajo discursos culturales o comunitarios, sin embargo, la legislación marca que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe cualquier práctica que vulnere su integridad, mientras que la Secretaría de Salud reconoció, a través de la NOM-046, el derecho de las víctimas de violencia sexual a servicios integrales. A pesar de ello, solo tres de cada 10 adolescentes en el territorio tienen acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.
Para organizaciones civiles, el reto es romper el ciclo que las origina mediante educación sexual integral, detección temprana y combate frontal a los matrimonios forzados. Mientras eso no ocurra, los 757 partos registrados en 2024 seguirán siendo una prueba de una deuda histórica con la infancia local.
