Las denuncias del Frayba mencionaron que los abusos comienzan desde la detención y se profundizan dentro de los penales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La reinserción social en los penales de Chiapas se ha convertido en una promesa vacía cuando la violencia es parte del trayecto institucional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) advirtió que, en los Centros Estatales de Reinserción Social, persisten prácticas de tortura y tratos crueles que anulan cualquier posibilidad de readaptación.
Según el Frayba, la cadena de abusos inicia desde la detención, donde golpes, amenazas y coerción marcan el primer contacto con el sistema penal. Este patrón coincide con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señaló que seis de cada 10 personas detenidas en México sufrieron algún tipo de violencia física o psicológica al momento de su arresto.
Dentro de los centros penitenciarios, las condiciones reforzaron la lógica del castigo y no la reinserción. Hacinamiento, alimentación deficiente, trabajos forzados y cobros ilegales forman parte de la vida cotidiana. De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, más del 40 por ciento de los centros penitenciarios del país operan con sobrepoblación, un factor asociado a la violencia interna y al deterioro de la salud.
El Frayba documentó 20 casos de tortura entre 2010 y 2025 en la comarca, incluidos cuatro atribuidos a corporaciones de seguridad en distintos municipios del estado. La cifra se relacionó con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se contabilizó que menos del 10 por ciento de las denuncias por tortura en México concluyeron con una sentencia.
A este escenario se suma la debilidad institucional para investigar los abusos, puesto que el cierre de fiscalías especializadas y el lento avance de nuevas unidades envían un mensaje contradictorio frente a un problema estructural. En la entidad, los 20 casos documentados son muestra de un sistema que castiga más de lo que reintegra.
