Sin notificación previa ni resolución judicial conocida, un inmueble cambió de manos en los libros oficiales
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
Una herencia familiar terminó por fracturar la confianza en una de las instituciones clave para la certeza patrimonial en Chiapas. En Chiapa de Corzo, una familia denunció que un inmueble en proceso legal de adjudicación apareció de la nada registrado a nombre de un tercero, lo que encendió alertas sobre un posible esquema de corrupción dentro del Registro Público de la Propiedad.
El juicio intestamentario, iniciado desde abril de 2023, avanzaba conforme a derecho hasta que el expediente dio un giro inexplicable. Sin notificación previa ni resolución judicial conocida, la propiedad cambió de manos en los libros oficiales. Para los denunciantes, el hecho de que la beneficiaria sea un familiar directo agravó las sospechas y apuntó a un uso discrecional del poder registral.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 86 por ciento de los chiapanecos considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente en trámites relacionados con la propiedad y el suelo. A ello se suma que la comarca se ubicó entre los cinco estados con mayor rezago en modernización registral, según el Diagnóstico del Registro Público de la Propiedad 2023, lo que incrementa la vulnerabilidad a manipulaciones administrativas.
Además, datos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa indicaron que solo dos de cada 10 denuncias por presuntos actos de corrupción administrativa derivaron en sanciones efectivas. En el ámbito patrimonial, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha señalado que los estados con menor digitalización de registros concentraron hasta 40 por ciento más litigios por disputas de propiedad, un indicador que pone en contexto la dimensión del problema denunciado en Chiapa de Corzo.
Más allá del caso específico, la denuncia exigió que el Registro Público cumpla su función de dar certeza jurídica y no de generar despojos arbitrarios. La familia afectada insistió en que la herencia les pertenece de forma legal, pero el descontento trascendió lo individual después de la intervención de una oficina pública y de demostrar que el Estado falla en su obligación más básica, que es proteger la ley y no torcerla.
