Solo quienes acrediten afiliación, fiscalización y estructura nacional podrán obtener su registro
YUSETT YÁÑEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
El Instituto Nacional Electoral en Chiapas informó que diversas organizaciones políticas se encuentran en la etapa final del proceso para constituirse como nuevos partidos nacionales. Con el límite del mes de febrero para la realización de asambleas estatales y distritales, el INE intensifica la supervisión y verificación de los requisitos legales. La vocal del INE en la entidad, Claudia Rodríguez Sánchez, detalló los avances, las obligaciones y los plazos que deberán cumplir estas agrupaciones si buscan obtener su registro antes del próximo proceso electoral.
En el estado, la actividad organizativa se ha incrementado notablemente en las últimas semanas. Las agrupaciones interesadas trabajan contrarreloj para cumplir con lo que establece la ley: la celebración de asambleas y la afiliación de miles de ciudadanos en distintos puntos del país. Estas tareas representan el primer filtro para quienes aspiran a convertirse en partidos políticos antes del inicio del proceso electoral federal previsto para septiembre.
Rodríguez Sánchez explicó que el avance de las organizaciones se mide principalmente por la realización de asambleas digitales, estatales y distritales, cuyo plazo vence en pocos días.
“Hay varias organizaciones que están realizando asambleas digitales, estatales, y el límite es febrero. Tenemos programadas para el 15 de febrero dos asambleas estatales… Cada organización debe tener al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales. En caso de que sean estatales, deben afiliar a tres mil personas en cada una; si son distritales, al menos 300. Varias organizaciones todavía están celebrándolas, principalmente los fines de semana”.
La vocal precisó que, además de cumplir con el número de asambleas, las organizaciones deben garantizar que estas se desarrollen conforme a los lineamientos del INE, lo que incluye la verificación presencial o virtual, revisión de quórum y autenticidad de afiliaciones.
Al concluir esta primera fase, inicia un proceso más complejo: la constitución nacional y la verificación intensiva de los padrones de militantes.
“Están en proceso de conformarse; tendrían que hacer la asamblea nacional para elegir a su delegado. Después viene la verificación del número de afiliados, porque deben tener alrededor de 253 mil afiliados en todo el país, además de las asambleas. Se hace una compulsa entre partidos y organizaciones para depurar duplicados; la última afiliación es la que cuenta”.
El proceso de compulsa, explicó, es esencial para evitar que una misma persona aparezca en los registros de más de una organización. En esos casos, el INE considera válida únicamente la afiliación más reciente, lo que puede impactar significativamente en los padrones preliminares que cada agrupación entrega.
Rodríguez Sánchez indicó que algunas organizaciones podrían completar todos los requisitos a finales de febrero, aunque esto no implica la aprobación inmediata del registro. Los expedientes deben pasar por una revisión exhaustiva en materia de fiscalización y transparencia.
“Para febrero tendríamos tentativamente a quienes podrían lograr el registro. Una vez que se realicen todos los procedimientos, la compulsa de afiliados, la revisión de gastos y fiscalización, el Consejo General estaría en aptitud de determinar cuáles pueden constituirse como partidos políticos. Esto debe ocurrir antes del inicio del proceso electoral, que conforme a la legislación vigente comenzará en septiembre”.
La fiscalización constituye uno de los filtros más estrictos dentro de este proceso, pues las organizaciones deben comprobar el origen y destino de los recursos utilizados durante sus asambleas, campañas de afiliación y eventos internos. Cualquier irregularidad podría derivar en sanciones o incluso en la negativa del registro.
Con el tiempo encima y los requerimientos legales claramente definidos, las agrupaciones continúan intensificando su actividad en Chiapas y en el resto del país. Mientras tanto, el INE mantiene su labor de supervisión y vigilancia para garantizar que el proceso avance bajo criterios de legalidad, transparencia y representatividad.
