La legalidad quedó desplazada por prácticas que profundizaron la desigualdad entre personas privadas de la libertad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: CORTESÍA
Las denuncias por cobro de piso en el Cereso número 13 evidenciaron un deterioro profundo del sistema penitenciario en la comarca, donde la prisión dejó de ser un espacio de custodia del Estado para convertirse en un territorio administrado por reglas informales, cuotas y arreglos económicos que se imponen sobre cualquier marco legal o principio de reinserción social.
Los testimonios apuntaron a un esquema sostenido de pagos semanales exigidos a los internos como condición para acceder a servicios elementales, una dinámica que trasladó el costo del encierro a las familias y normalizó la idea de que los derechos se negocian, se compran o se rentan dentro de los centros penitenciarios del estado.
Este escenario se agrava si se considera que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 62 por ciento de la población penitenciaria en Chiapas proviene de contextos de pobreza y marginación, mientras que datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social detallaron que siete de cada 10 internos carecen de ingresos propios durante su reclusión.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha documentado que la región se mantiene entre las entidades con mayores quejas por irregularidades en centros penitenciarios, en particular por cobros indebidos, restricciones arbitrarias y deficiencias médicas, un patrón que exhibe una falla estructural en la supervisión y en los mecanismos de control interno.
Con más de cinco mil personas privadas de la libertad y un sistema donde cerca del 68 por ciento enfrenta procesos en prisión preventiva, el caso del Cereso 13 destaca cómo la falta de vigilancia estatal permitió que el encierro se transformara en una fuente de recaudación, el cual debilita la legalidad y profundiza la desigualdad dentro de las cárceles chiapanecas, mientras las autoridades responsables permanecen ausentes frente a prácticas que normalizaron el abuso como forma de control cotidiano.
