Gilberto Bátiz García
La rendición de cuentas temprana no es un gesto simbólico ni celebratorio del poder. Es una práctica democrática que sirve para diagnosticar una institución, ponderar el contexto de una sociedad y, en respuesta, tomar decisiones de fondo.
En 1933, cuando el presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, utilizó sus primeros 100 días de gestión para mostrar rumbo y responsabilidad frente a una sociedad golpeada por la incertidumbre, derivada de la Gran Depresión, estableció un estándar democrático que trascendió fronteras.
Ese referente, en su justa dimensión, adquiere hoy un significado particular en México: por primera vez, cargos del Poder Judicial cuentan con legitimidad de origen electoral. Este hecho fortalece la independencia judicial al exigir mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas.
A 100 días del inicio de esta Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el balance parte de un diagnóstico claro.
El Tribunal es una institución sólida, con tres décadas de experiencia y un cuerpo jurisdiccional altamente profesional. Sin embargo, en esta nueva etapa enfrenta retos inéditos derivados de la reforma judicial de 2024, la creación del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la inminente reforma electoral rumbo a las elecciones de 2027.
Frente a este escenario, el primer paso fue realizar una evaluación institucional rigurosa que permitió identificar fortalezas, riesgos y áreas de oportunidad. El resultado fue una hoja de ruta basada en cuatro ejes: eficiencia, presencia territorial, confianza pública y justicia cercana.
En materia de eficiencia, se avanzó en la armonización normativa, reorganización administrativa y consolidación de sistemas de control que permiten mayor trazabilidad y uso responsable de los recursos públicos. En el ámbito jurisdiccional este Pleno resolvió más del 80 por ciento de los asuntos recibidos, manteniendo tiempos promedio estables y fortaleciendo la publicación oportuna de sentencias. La justicia debe ser técnica, pero también oportuna.
El segundo eje ha sido construir un Tribunal presente. La justicia electoral no puede entenderse desde una lógica centralista ni exclusivamente documental. Por ello se fortaleció la presencia territorial, se impulsaron programas de atención itinerante y se crearon mecanismos de atención temprana de controversias. Acercar la justicia es condición para su legitimidad.
El tercer eje es la confianza que se construye cada día. Se impulsó, en este sentido, una estrategia de comunicación con lenguaje ciudadano, mayor apertura digital y difusión constante de criterios jurisdiccionales. Al mismo tiempo, se reforzó la capacitación interna en derechos humanos, paridad de género y acciones afirmativas. Un Tribunal confiable empieza en casa.
Finalmente, una justicia cercana implica reconocer que la igualdad formal no siempre garantiza equidad real. Por ello se fortalecieron políticas de inclusión, formación especializada y cooperación académica e internacional, con el objetivo de construir un modelo de justicia electoral más humano y sensible a contextos sociales diversos.
Estos 100 días no son una meta. Son el inicio de una etapa de consolidación institucional. El cambio que se vive no es solo administrativo o personal, es un compromiso colectivo que responde a un mandato democrático claro. El rumbo está trazado, definido y ahora toca honrarlo con decisiones responsables, independientes y orientadas a la mejora continua del servicio público que brindamos.
