Las acciones del funcionario abrieron cuestionamientos sobre el manejo de programas sociales y exigieron una investigación formal
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Cuando una jornada de salud anunciada como gratuita se convirtió en una condición para entregar documentos oficiales, la desconfianza se instaló de inmediato en comunidades vulneradas. En San Antonio del Monte, habitantes señalaron que la solicitud de credenciales de elector para acceder a una brigada oftalmológica rompió la neutralidad que debe regir los programas sociales y despertó alertas sobre el posible uso indebido de datos personales.
Aunque la atención médica buscaba reducir brechas, su implementación adquiere otro sentido al contrastarse con el contexto regional, al considerar que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indicaron que más del 60 por ciento de la población indígena en Chiapas carece de acceso regular a servicios de salud. A ello se suma que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha documentado que siete de cada 10 personas en municipios indígenas viven en condiciones de pobreza, una realidad que vuelve sensible cualquier condicionamiento ligado a apoyos públicos.
Tras la negativa comunitaria a entregar identificaciones oficiales, el conflicto escaló hacia un terreno de presión institucional. Este escenario ocurrió mientras la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que la comarca concentró uno de los mayores registros de quejas por presuntos abusos de autoridad contra pueblos originarios en el país, una tendencia que profundiza la percepción de vulnerabilidad frente a funcionarios públicos.
En el trasfondo del señalamiento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales advirtió que una parte significativa de las denuncias por uso indebido de información proviene de la entrega de documentos oficiales en trámites no justificados. Para comunidades indígenas, la exigencia de credenciales fuera de un marco claro representa un riesgo adicional, al no existir garantías sobre su resguardo ni sobre la finalidad real de su recopilación.
El caso puso a discusión el ejercicio del poder en la operación de programas sociales, puesto que, la Secretaría de la Función Pública reconoció que la región se mantiene entre los estados con mayor número de investigaciones por presuntas faltas administrativas. La acusación contra el delegado del DIF Zona Altos no solo apuntó a una conducta individual, también expuso la necesidad de revisar cómo se implementan las acciones de asistencia en territorios indígenas.
