Periodistas sostienen que estas expresiones constituyen un acto de intimidación que vulnera el derecho a la libertad de expresión
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
Trabajadores de medios de comunicación del municipio de Huixtla, entre corresponsales de diarios impresos y administradores de páginas de medios electrónicos, solicitaron garantías para el ejercicio de su labor periodística, luego de las amenazas públicas emitidas por el director de Comunicación Social del ayuntamiento, Manuel Estrada Rosales. La exigencia se da en un contexto de creciente violencia e intimidación contra voces críticas del Gobierno municipal, que tuvo su punto más grave con el asesinato del joven creador de contenido Juan Diego Maldonado Grijalva, de 23 años de edad, ocurrido la noche del pasado jueves.
Los comunicadores formalizaron su petición mediante una carta dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la cual fue entregada el 8 de enero en la Secretaría de Gobierno. En el documento, los periodistas de Huixtla —municipio ubicado en la Costa del Pacífico— expresaron su inconformidad por las declaraciones del funcionario municipal, quien en una entrevista radiofónica advirtió sobre supuestas investigaciones contra páginas de Facebook críticas del Gobierno local y lanzó una advertencia que fue interpretada como una amenaza directa: “Hay cuentas que se están investigando y bueno… que tengan que responder… cuidado los dueños de los cibers”.
En el pronunciamiento, los comunicadores sostienen que estas expresiones constituyen un acto de intimidación que vulnera el derecho a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. “Los periodistas de Huixtla hacemos el presente pronunciamiento en defensa de la libertad de expresión que está siendo amenazada por el coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Huixtla, Manuel Estrada Rosales, en el sentido de que advirtió con presentar demandas en contra de los medios de comunicación que han criticado la mala administración del presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez”, señala el documento.
Los firmantes advierten que existe un clima de temor ante posibles represalias. “Ante el temor de la represión hacia nuestros compañeros, solicitamos garantías y las facilidades para el desempeño de nuestra labor, que están amparadas en los artículos 6 y 7 constitucionales; de presentarse alguna represalia, los compañeros actuaremos conforme a derecho”, expresaron. La carta fue suscrita, entre otros, por Juan Balboa Soto, David Morales Antonio, Epitafio López Roblero, Margarita Moreno Soto, Ángel Bruno Vázquez, Jorge Antonio Hernández Zebadúa y Jaime Raúl García Gutiérrez.
La exigencia de garantías ocurre en un escenario marcado por la violencia letal contra un joven creador de contenido conocido en redes sociales como “El Chabelo” o “Chabelón”. La noche del jueves pasado, Juan Diego Maldonado Grijalva fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido en el barrio Esquipulas, a escasos metros de la carretera costera, sobre la avenida Arteaga Norte. En el mismo hecho resultaron lesionadas otras dos personas, identificadas como Fide Castro Morales y Ligny SimeyPérez, de 28 y 29 años de edad, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica. En otro reporte preliminar se menciona que un hombre identificado como Saúl N resultó gravemente herido y permanece en estado crítico, lo que refleja la confusión inicial en la identificación de las víctimas derivada del impacto del ataque.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar de los hechos, dos sujetos armados ingresaron al local donde se encontraba la víctima, presuntamente un establecimiento relacionado con servicios de tatuajes. Los agresores habrían simulado ser clientes al preguntar por un servicio; sin embargo, una vez que tuvieron contacto directo con el joven, le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata. Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad acordonaron la zona y personal de la Fiscalía del Estado inició las diligencias correspondientes.
El homicidio generó una ola de indignación social no solo por la violencia del ataque, sino por el contexto en el que ocurrió: horas antes, durante un programa de radio local, el director de Comunicación Social del ayuntamiento de Huixtla, Manuel Estrada Rosales, realizó declaraciones públicas en las que descalificó a críticos del Gobierno municipal, a quienes llamó “seudoperiodistas”. En la transmisión, el funcionario afirmó, en tono confrontativo, que quienes criticaban al Gobierno “se aguanten” y que luego “andan llorando”, además de acusarlos de crear páginas falsas en redes sociales. Oyentes del programa y usuarios en plataformas digitales identificaron estas expresiones como dirigidas directamente contra Diego N, nombre con el que también era conocido el joven creador de contenido.
La proximidad temporal entre las amenazas públicas y el asesinato del creador de contenido fue calificada por habitantes del municipio como alarmante. Para diversos sectores de la población, los hechos no pueden ser considerados una simple coincidencia.
Organizaciones civiles, comunicadores locales y ciudadanos expresaron en redes sociales que la gravedad del caso radica en que un funcionario municipal emite amenazas públicas contra críticos del Gobierno y, pocas horas después, una de las personas aludidas es asesinada, lo que obliga a una investigación exhaustiva, independiente y libre de encubrimientos.
Juan Diego Maldonado Grijalva se había vuelto popular en plataformas digitales por realizar críticas al Gobierno municipal de Huixtla, particularmente hacia la administración del alcalde Régulo Palomeque Sánchez. Su estilo combinaba humor ácido, sátira política y comentarios directos sobre decisiones del Gobierno local, lo que le generó tanto seguidores como detractores en el municipio. Para muchos jóvenes, su contenido representaba una forma de participación política y de expresión ciudadana en un contexto donde consideran que los canales institucionales de diálogo son limitados o ineficaces.
En el entorno político local, el nombre del alcalde Régulo Palomeque ha sido mencionado en diversas ocasiones en redes sociales y versiones periodísticas por presuntos vínculos con grupos criminales. Sin embargo, dichas acusaciones no han sido judicialmente acreditadas hasta el momento. En semanas recientes también circularon versiones sobre una presunta agresión contra un familiar del edil, hechos que no han sido confirmados oficialmente por las autoridades. Este contexto de rumores, señalamientos y ausencia de información clara ha contribuido a un ambiente de desconfianza entre la población.
Tras el homicidio del joven creador de contenido, la indignación creció entre la ciudadanía, que exige la separación inmediata del cargo tanto del presidente municipal como del director de Comunicación Social, así como garantías reales para la libertad de expresión y la seguridad de comunicadores, periodistas y creadores de contenido en el municipio. En manifestaciones espontáneas en redes sociales, habitantes de Huixtla pidieron que el caso no quede impune y que se investigue no solo a los autores materiales del crimen, sino también si existieron responsabilidades por omisión, incitación o amenazas previas.
Para los periodistas de Huixtla, el asesinato de Juan Diego Maldonado Grijalva representa un punto de quiebre que evidencia los riesgos crecientes para quienes ejercen la crítica pública, ya sea desde medios tradicionales o desde plataformas digitales.
En su pronunciamiento, los comunicadores advirtieron que la estigmatización desde el poder —al calificar a críticos como “seudoperiodistas” o al advertir sobre supuestas investigaciones contra páginas en redes— crea un clima propicio para la violencia, puesto que expone a los comunicadores ante actores que pueden interpretar esos mensajes como una señal de permisividad para agredir.
Especialistas en libertad de expresión consultados por este medio señalaron que los discursos de funcionarios que desacreditan o amenazan públicamente a periodistas y creadores de contenido constituyen una forma de violencia simbólica que puede escalar hacia agresiones físicas, especialmente en contextos donde existe presencia de grupos criminales o altos niveles de impunidad. Recordaron que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, proteger y garantizar el ejercicio del periodismo, así como de investigar de manera diligente cualquier agresión contra quienes ejercen la libertad de expresión.
Hasta el cierre de esta edición, ni el presidente municipal Régulo Palomeque Sánchez ni el director de Comunicación Social, Manuel Estrada Rosales, habían emitido una postura pública sobre el asesinato del creador de contenido ni sobre las declaraciones realizadas horas antes del crimen. La Fiscalía del Estado no ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea clara de investigación, lo que ha incrementado la percepción de impunidad entre la población.
En Huixtla, la exigencia central de periodistas y ciudadanos es que se garantice el derecho a informar, opinar y criticar sin miedo. Para los comunicadores locales, la carta enviada al gobernador no es solo una petición de respaldo institucional, sino un llamado urgente para que el Estado intervenga y evite que las amenazas, la estigmatización y la violencia se normalicen como mecanismos de silenciamiento.
Mientras no existan respuestas claras de las autoridades y resultados tangibles en la investigación del asesinato, el temor persiste entre quienes ejercen el periodismo y la creación de contenido en la región, en un contexto donde alzar la voz parece, cada vez más, un acto de alto riesgo.
