La falta de aplicación ha dejado a municipios sin estructuras para atender a personas con discapacidad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque la Ley de Inclusión para Personas con Discapacidad fue aprobada en Chiapas en 2015 como un instrumento para garantizar igualdad de derechos, su falta de reglamentación ha impedido que se convierta en una obligación operativa para los municipios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía documentó que más de 285 mil personas viven con discapacidad en el estado, lo que equivale al 5.1 por ciento de la población. Esta cifra confirmó que la ley existe, pero su impacto permanece suspendido en el terreno administrativo.
Mientras los municipios carecen de lineamientos obligatorios, la atención depende de decisiones aisladas y no de una política pública uniforme. El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló que solo el 18 por ciento de los municipios del país cuenta con programas formales en esta materia. Esta limitación demostró que la ausencia de reglamentos debilita la capacidad institucional.
Debido a que la accesibilidad depende de infraestructura y políticas activas, la falta de aplicación de la ley ha mantenido obstáculos en servicios esenciales. La Encuesta Nacional sobre Discriminación indicó que el 30 por ciento de las personas con discapacidad ha enfrentado barreras para acceder a servicios públicos. La exclusión se manifiesta en la imposibilidad de acceder a espacios básicos.
A medida que la falta de reglamentación limita la acción institucional, también se profundizan las brechas económicas que afectan la autonomía de este sector. La Secretaría del Trabajo informó que solo el 39 por ciento de las personas con discapacidad participa en el mercado laboral nacional. Esta diferencia evidenció una desventaja frente al resto de la población, puesto que la falta de políticas claras restringe su integración productiva.
Aunque la ley representó un avance formal en el reconocimiento de derechos, su falta de ejecución ha frenado la construcción de condiciones reales de inclusión en la comarca. La reglamentación permitiría asignar responsabilidades, establecer mecanismos de supervisión y garantizar acciones concretas. La inclusión efectiva depende de transformar el marco legal en una herramienta funcional.
