Organizaciones civiles advierten que la violencia simbólica impacta de manera directa a la comunidad autista
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
Cuando un representante popular convierte una condición del neurodesarrollo en arma discursiva dentro del debate político, la discusión deja de ser partidista y se traslada al terreno de los derechos humanos, como ocurrió tras la denuncia presentada contra Luis Armando Melgar Bravo ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Senado de la República por el uso peyorativo del término autista. La protesta encabezada por la Asociación Civil TEA en la comarca colocó la atención en la responsabilidad ética del lenguaje público.
En México la prevalencia estimada del Trastorno del Espectro Autista es de uno por cada 115 niñas y niños, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, el impacto de una expresión estigmatizante no se limita a lo simbólico, dado que alcanza a miles de familias que enfrentan barreras cotidianas en educación y atención médica. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 20 millones de personas viven con alguna discapacidad en México, lo que equivale al 16.5 por ciento de la población, cifra que dimensiona la necesidad de discursos institucionales incluyentes.
Si se considera que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación documentó que tres de cada 10 personas han sido víctimas de algún acto discriminatorio en el país, y que la Encuesta Nacional sobre Discriminación ubica la discapacidad entre los principales motivos de exclusión, la polémica trascendió una declaración aislada. En la entidad, donde colectivos estimaron decenas de miles de personas dentro del espectro autista en la zona metropolitana, la normalización de insultos vinculados a condiciones de salud profundiza brechas sociales ya existentes.
A partir de la queja formal recibida por la CEDH, el debate giró ahora hacia las consecuencias institucionales y la posibilidad de medidas correctivas que incluyan capacitación obligatoria en derechos humanos y no discriminación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contempla sanciones administrativas cuando se acredita responsabilidad, lo que coloca el episodio en una dimensión jurídica concreta.
Bajo ese contexto y tras el comunicado difundido por el propio senador en el que reconoció que su expresión fue desafortunada, el reto para la clase política consistió en comprender que el lenguaje construye realidades sociales y que cada declaración pública puede reforzar o desmontar prejuicios arraigados.
