Violencia de género y barreras lingüísticas son los delitos de mayor persistencia
CARLOS RUIZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque la ley reconoce el derecho de los pueblos originarios a acceder a la justicia en su propia lengua, mujeres indígenas de distintas regiones de Chiapas denunciaron que en las agencias del Ministerio Público no existen traductores que garanticen una atención adecuada, lo que convierte la denuncia de violencia en un trámite inaccesible para quienes no dominan el español o portan vestimenta tradicional.
Mientras la entidad concentró más de un millón y medio de personas hablantes de lengua indígena, equivalentes a cerca del 28 por ciento de su población según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ausencia de intérpretes en fiscalías profundizó la brecha institucional y colocó a mujeres ch’ol, tseltal, tsotsil, zoque y tojolabal, entre otros pueblos, en una posición de desventaja frente a un sistema que exige formalidades lingüísticas que no todas pueden cumplir.
Dado que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indicó que más del 70 por ciento de las mujeres en México ha enfrentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, la imposibilidad de presentar denuncias en su lengua materna adquirió una dimensión crítica, porque limitó la protección en casos de violencia física, económica, psicológica o política y desincentiva la búsqueda de justicia.
Aunque la Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos establecieron la obligación de contar con intérpretes, en la práctica la cobertura es insuficiente si se considera que en la comarca existen al menos 12 lenguas indígenas con variantes regionales, lo que demanda personal capacitado de manera fija en regiones como Altos, Selva, Norte y Costa, donde la diversidad cultural es parte estructural de la vida comunitaria.
Si el acceso a la justicia es un pilar del Estado de derecho y el estado registró más del 67 por ciento de su población en situación de pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la falta de traductores no solo implicó una omisión administrativa, también consolidó un esquema de exclusión múltiple que combina género, origen étnico y condición económica, por lo que mujeres indígenas exigen intérpretes, capacitación al personal y garantías reales para denunciar sin discriminación.


































