La omisión institucional se convierte así en una forma de violencia estructural
ARGENIS ESQUIPULAS/PORTAVOZ
La violencia contra niñas y adolescentes en México sigue cobrando víctimas en medio de la impunidad, la negligencia institucional y la normalización del silencio. El pasado 12 de febrero, una menor de 14 años —a quien en este reportaje llamaremos “L” para proteger su identidad— fue víctima de abuso sexual en un recinto público del municipio de Juárez, Chiapas: el Centro Social municipal, un inmueble que funciona como casino en la región y salón de fiestas. A pesar de que el presunto agresor ha sido identificado y existe material gráfico que lo muestra huyendo del lugar, hasta el momento no hay personas detenidas, ni información clara por parte de las autoridades responsables de investigar el caso.
La historia de “L” no es un hecho aislado. Ocurre en un contexto marcado por altos niveles de violencia contra niñas, niños y adolescentes, por la debilidad de los sistemas de protección locales y por una preocupante normalización de la impunidad en comunidades donde la autoridad es percibida como lejana o cómplice por omisión.
EL DÍA QUE LA INFANCIA SE QUEBRÓ
La mañana del 12 de febrero, “L” salió de su casa con rumbo a la escuela secundaria. Como miles de niñas en México, caminaba sola por su colonia. En el trayecto fue interceptada por hombres desconocidos que la ingresaron por la fuerza al Centro Social municipal de Juárez. De acuerdo con el testimonio de su madre, María Teresa López Morales, dentro del inmueble un sujeto la sometió y abusó sexualmente de ella.
Tras cometer el delito, el agresor amarró a la menor y la dejó abandonada dentro de las instalaciones del recinto público. Contrario a lo que se difundió en redes sociales en un primer momento, la niña no fue dejada en la calle, sino al interior del inmueble. A pesar del shock y del daño físico y emocional, la menor logró desatarse y salir por sus propios medios.
Posteriormente, recibió el apoyo de una persona que transitaba por la zona, quien auxilió para contactar a sus familiares.
Horas después, “L” fue localizada por sus seres queridos. La familia acudió a buscar atención médica y a interponer la denuncia correspondiente. Sin embargo, el tiempo transcurrido para que la menor recibiera atención integral —médica, psicológica y legal— fue mayor al recomendable en casos de violencia sexual, lo que agrava el riesgo de secuelas físicas y emocionales.
Poco después del ataque comenzó a circular en redes sociales una imagen del presunto agresor huyendo del sitio. La madre de la víctima ha señalado que su hija reconoce plenamente al hombre que la agredió y que dio “santo y seña” de su identidad. Aun así, hasta el momento de la elaboración de este reportaje, el presunto responsable continúa en libertad y, según información recabada por la familia, sigue viviendo en la misma colonia donde ocurrió la agresión.
Para la madre, la falta de detención no es solo una falla operativa: es una herida abierta que profundiza el dolor de su hija. “Quiero ser escuchada. Que se le haga justicia a mi hijita, porque no he tenido respuestas por parte de las autoridades competentes”, expresó. Afirmó que nadie se ha acercado de manera formal para explicar el avance de la investigación, ni para brindar acompañamiento psicológico oportuno.
“Mi hija sufre mucho por lo ocurrido. Siento que hay información que se ha ocultado”, denunció.
Otro punto crítico es la falta de claridad sobre la administración del inmueble donde ocurrió el delito. El Centro Social municipal es un espacio que pertenece al pueblo, bajo responsabilidad del ayuntamiento de Juárez. La madre ha solicitado conocer quién es el encargado del lugar, quién tiene las llaves y bajo qué condiciones opera el recinto. “Es un lugar público, pero tampoco hay respuestas”, dijo.
La experiencia de la familia refleja un patrón que organizaciones civiles han denunciado durante años: la revictimización. En lugar de recibir un trato empático y expedito, las víctimas de violencia sexual enfrentan dilaciones, burocracia, trato frío o incluso cuestionamientos que ponen en duda su testimonio. Este desgaste institucional no solo vulnera derechos, también desalienta la denuncia y fortalece la impunidad.
En el caso de “L”, la atención médica no fue inmediata; transcurrieron varias horas antes de que recibiera el tratamiento necesario.
Cada minuto cuenta en casos de agresión sexual: por la recolección de evidencia, por la prevención de infecciones, por el acompañamiento psicológico temprano y por la contención emocional. La demora es, en sí misma, una forma de violencia institucional.
La Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Colectiva 50 más 1 condenó públicamente la agresión sexual contra la menor. La organización calificó como inadmisible que un recinto público, como el Centro Social municipal, haya sido el escenario de un acto de violencia tan grave. Expresó su solidaridad con la menor y con su madre, reconociendo su valentía al alzar la voz frente a la impunidad y la falta de apoyo institucional.
Asimismo, la colectiva hizo un llamado urgente y enérgico a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que atienda de manera inmediata la denuncia, brinde atención integral —psicológica y jurídica— a la menor y a su familia, y evite cualquier forma de revictimización. Resulta indignante, subrayó la organización, que el presunto responsable —quien se desempeñaba como encargado de un espacio público— continúe en libertad y se pasee por la localidad.
El caso de “L” ocurre en un contexto más amplio de violencia contra niñas y adolescentes en Chiapas y en México. Diversos registros oficiales y de organizaciones civiles advierten que las violencias sexuales contra menores de edad son un problema estructural, agravado por la pobreza, desigualdad, debilidad institucional y normalización del abuso en entornos comunitarios.
En Chiapas, uno de los estados con mayores índices de rezago social, las niñas enfrentan múltiples riesgos: trayectos escolares inseguros, ausencia de transporte público adecuado, espacios públicos sin vigilancia, y una limitada presencia de políticas locales de prevención de la violencia sexual. A ello se suma el miedo a denunciar por represalias, estigmatización o desconfianza en las autoridades.
Especialistas en derechos de la infancia han advertido que la mayoría de las agresiones sexuales contra menores no se denuncian. El silencio, la culpa impuesta a las víctimas y la falta de resultados judiciales crean un círculo vicioso donde los agresores actúan con la certeza de que difícilmente serán castigados.
ESPACIOS PÚBLICOS SIN CONTROL: RESPONSABILIDAD DEL AYUNTAMIENTO
Que el delito haya ocurrido dentro de un inmueble municipal abre una pregunta incómoda: ¿qué protocolos de seguridad existen en los espacios públicos de Juárez? ¿Quién administra el Centro Social? ¿Hay registros de quién entra y sale? ¿Existen cámaras, vigilancia o controles mínimos?
La madre de la menor ha insistido en que los encargados del ayuntamiento saben quién tiene la llave del inmueble. La opacidad en torno a esta información no solo obstaculiza la investigación, sino que revela una falla grave en la gestión de espacios que deberían ser seguros para la comunidad. Un recinto público no puede convertirse en escenario de violencia sin que exista una responsabilidad administrativa y política.
LA MARCHA: EL GRITO COLECTIVO CONTRA LA IMPUNIDAD
Ante la falta de respuestas, la madre de “L” convocó a la sociedad a sumarse a una marcha pacífica para exigir justicia. La movilización se realizará el sábado 21 de febrero a las cuatro de la tarde, partiendo de la estación del tren del municipio. La convocatoria busca visibilizar el caso, romper el silencio y presionar a las autoridades para que actúen con diligencia.
Organizaciones feministas y de defensa de los derechos de la infancia han anunciado su acompañamiento a la familia. “El dolor de una es el dolor de todas”, señalaron integrantes de la Colectiva 50 más 1, quienes reiteraron que no dejarán sola a la madre en la búsqueda de justicia.
La impunidad no es un concepto abstracto: tiene efectos reales y devastadores. Para “L”, significa vivir con el miedo de que su agresor siga cerca; para su familia, implica la sensación de abandono por parte del Estado; para la comunidad, envía el mensaje de que la violencia contra las niñas puede quedar sin castigo.
Cuando un agresor identificado sigue en libertad, el daño se duplica. No solo se vulneró el cuerpo y la vida emocional de una menor; también se vulnera su derecho a la justicia, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. La omisión institucional se convierte así en una forma de violencia estructural.
El caso de “L” interpela a las autoridades municipales, estatales y a la sociedad en su conjunto. La protección de la infancia no puede depender del valor individual de una madre que alza la voz en medio del miedo. Requiere instituciones que investiguen con perspectiva de género e infancia, protocolos claros en espacios públicos, atención integral inmediata a las víctimas y sanciones ejemplares para los agresores.
La violencia sexual contra niñas no es un problema privado: es una violación grave a los derechos humanos. Cada día de retraso en la investigación es un día más de impunidad. Cada silencio institucional es un mensaje de tolerancia al abuso. Y cada agresor en libertad es una amenaza latente para otras niñas.
EXIGENCIAS MÍNIMAS Y URGENTES
Organizaciones civiles y familiares de la víctima han planteado exigencias claras:
-Detención inmediata del presunto agresor, identificado por la víctima y por material gráfico difundido.
-Investigación exhaustiva e imparcial por parte de la Fiscalía, sin encubrimientos ni dilaciones.
-Atención integral a la menor y su familia, con acompañamiento psicológico, médico y jurídico permanente.
-Transparencia sobre la administración del Centro Social municipal, deslinde de responsabilidades y revisión de protocolos de seguridad en espacios públicos.
-Garantías de no repetición, mediante políticas públicas de prevención de la violencia contra niñas y adolescentes en el municipio.
La historia de “L” duele porque no es excepcional. En muchas comunidades del país, las niñas caminan con miedo hacia la escuela; las madres temen por su seguridad; y las autoridades reaccionan tarde o no reaccionan. Romper este ciclo exige presión social, acompañamiento comunitario y una exigencia firme de rendición de cuentas.
Mientras el agresor siga libre, la herida seguirá abierta. Mientras no haya justicia, el mensaje será devastador: que,en Juárez, Chiapas, la vida y la dignidad de una niña pueden ser violentadas sin consecuencias. La sociedad no puede permitirse normalizar eso.
