Los diputados aprobaron la ley de “modernización laboral”, calificada como “regresiva y anticonstitucional”
PORTAVOZ/AGENCIAS
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, en un paso importante aunque no definitivo para su sanción, tras una jornada de huelga general que ralentizó al país.
Tras 11 horas de debate, los diputados aprobaron con 135 votos a favor y 115 en contra la llamada ley de “modernización laboral”, calificada como “regresiva y anticonstitucional” por la central obrera argentina (CGT).
El proyecto obtuvo la luz verde del Senado el 11 de febrero, a donde regresará para su aprobación definitiva después de que el Gobierno aceptara eliminar el ya famoso artículo 44 que modificaba las licencias por enfermedad, al reducir los haberes del trabajador enfermo del 100 al 75 o 50 por ciento, según los casos.
Ese artículo, ya eliminado por la presión de los propios aliados de La Libertad Avanza (LLA, oficialista), contemplaba esa rebaja de cobertura social a aquellos trabajadores que sufriera un problema de salud por causas ajenas al trabajo, por ejemplo, por realizar deporte en su tiempo libre.
Al inicio de la sesión, el diputado Ricardo Almirón, de LLA, argumentó que la reforma busca “fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores”.
Entre los que votaron en contra de la iniciativa, Sergio Palazzo, del bloque peronista Unión por la Patria (UxP), consideró: “Han contrabandeado detrás de las palabras modernización laboral la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores”.
En ese sentido, Esteban Paulón, del bloque creado en 2025 como alternativa al partido de Milei, Provincias Unidas, se preguntó “¿dónde está la modernización?” de una reforma que no menciona la inteligencia artificial y que ha eliminado la ley de teletrabajo, sancionada tras la pandemia por Covid-19.
La ley modifica sustancialmente las condiciones laborales en un país con una fuerte tradición de lucha obrera.
LIMITA DERECHO A LA HUELGA
Entre los puntos centrales del proyecto se incluye una nueva base de cálculo de las indemnizaciones por despido, lo que en la práctica significará una reducción de las mismas, y se propone crear un banco de horas extras, que se otorgarían como tiempo libre, pero no se cobrarían.
Martín Lousteau, de Provincias Unidas, destacó que el proyecto desincentiva a iniciar reclamos judiciales por despidos y que los trabajadores de plataformas digitales de servicios recibirán la mitad de la jubilación mínima, que hoy se ubica en los 359.219,42 pesos (unos 254 dólares).
La norma también limita el derecho a la huelga, al aumentar la cantidad de actividades consideradas esenciales, obligadas a operar con al menos el 50% o 75 % de servicios mínimos, según los casos, y tipifica como infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a una medida de fuerza (piquetes).
Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, tildó la ley de “esclavista”.
