La centralización de recursos y la reducción de apoyos gubernamentales han debilitado a las organizaciones campesinas
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
La expansión urbana y la falta de apoyos estructurados han contribuido a que Chiapas pierda 650 mil hectáreas de maíz en las últimas tres décadas, un proceso que muestra la precarización del campo y la disminución de la rentabilidad agrícola, dado que para producir una hectárea se requieren entre 12 y 15 mil pesos mientras el precio de garantía sigue estancado en siete mil pesos por tonelada.
El debilitamiento de las organizaciones campesinas ha acompañado la caída de los presupuestos públicos, situación que ha afectado a municipios productores como Villaflores, Villacorzo, Montecristo de Guerrero y Jiquipilas, esto provoca que las hectáreas cultivadas hayan pasado de 850 mil a apenas 200 mil. Datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación confirmaron que la inversión en programas de apoyo al maíz ha disminuido más del 40 por ciento en los últimos 15 años, lo que dificulta la recuperación de la producción.
La erosión de suelos fértiles y la expansión de zonas urbanas en Los Altos de Chiapas evidenciaron un cambio en el uso del territorio que también impacta la ganadería, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta transición territorial se suma a los bajos precios internacionales del café, principal cultivo rentable, lo que generó un escenario de migración rural hacia Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.
Los especialistas advirtieron que la centralización de recursos por parte del Gobierno federal, con el argumento de combatir la corrupción, ha debilitado la capacidad operativa de los programas estatales, esto limita los apoyos a productores y afecta el desarrollo de cadenas productivas, mientras que la inseguridad en las zonas rurales complica aún más la actividad agrícola. Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, mostraron que la producción anual de maíz en la comarca cayó más del 55 por ciento desde 1995 hasta 2025.
La combinación de precios insuficientes, rezago en políticas públicas, presión urbana e inseguridad deja a al estado frente a un desafío de recuperar su capacidad productiva y garantizar la sustentabilidad de su campo, mientras las fruticulturas de mango, plátano y rambután avanzan de forma limitada; cifras gubernamentales destacaron que la superficie cultivada con estos productos apenas representa un ocho por ciento del total agrícola estatal, lo que obliga a pensar en estrategias de inversión y acompañamiento que reviertan décadas de pérdida.
