Los casos contabilizados reflejaron historias marcadas por tortura y agresiones extremas que exhiben una crisis en seguridad
IVÁN LÓPEZ/PORTAVOZ
FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ
Aunque Chiapas aparece entre las entidades con menor número de registros en el informe Causa en Común, la documentación de 55 eventos catalogados como atrocidades y 36 víctimas durante 2025 colocó a la entidad dentro de una dinámica nacional marcada por violencia de alto impacto. El estudio, construido a partir de notas periodísticas, advirtió que cada caso implica el uso intencional de violencia extrema con consecuencias físicas y sociales profundas.
Mientras a nivel nacional se contabilizaron cuatro mil 783 atrocidades y seis mil 707 víctimas en el mismo periodo, el promedio diario en el país osciló entre 13 y 14 hechos de este tipo, lo que dimensiona la frecuencia con la que ocurren actos de brutalidad. En el comparativo estatal, la comarca quedó por debajo de entidades como Sinaloa, Guanajuato y Guerrero, aunque el informe subraya que el recuento depende de la visibilidad mediática.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado acumuló en 2025 más de mil carpetas de investigación por homicidio doloso y lesiones intencionales, cifras que permitieron contextualizar los casos extremos documentados por la organización. A ello se suma que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 estimó que 93.3 por ciento de los delitos en la entidad no se denunciaron o no derivaron en investigación formal.
Si se considera que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó una tasa superior a 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en el país durante los años recientes, el contraste entre registros oficiales y monitoreos hemerográficos muestra diferencias metodológicas que no invalidan la gravedad de los hechos. El propio informe aclaró que un solo evento puede involucrar múltiples víctimas o clasificarse en más de una categoría, lo que explica variaciones en los conteos.
Aunque la región registró 15 casos de tortura, 11 asesinatos de mujeres con violencia extrema y cinco homicidios de niñas, niños y adolescentes según el documento, la cifra de 55 atrocidades plantea un desafío institucional que trasciende el número absoluto. El debate no se limita a la posición relativa del estado en la estadística nacional, también interpela la capacidad de prevención y respuesta ante expresiones de violencia que generan alto impacto social.
